Por Redacción
Tijuana, 25 de agosto de 2026.- La reincorporación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa el 21 de agosto, tras mantenerse separado del cargo por más de 100 días debido a acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos, generó una crisis política al interior de Morena. La Secretaría de Gobernación estableció que esta acción respondió a una decisión de carácter personal, postura ratificada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, presidido por Ariadna Montiel Reyes, quien informó que el órgano partidista no tuvo previo conocimiento de la determinación.
Ante los hechos, el CEN de Morena emitió un comunicado señalando: “Por lo anterior Morena se deslinda de esta decisión”. Tanto la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones como el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado sostuvieron que la determinación de Rocha no fue consensuada con representantes del partido u otras autoridades. Además, 23 gobernadores emanados de la Cuarta Transformación, incluida Marina del Pilar Ávila Olmeda de Baja California, cuestionaron el proceder del político sinaloense.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que el interés personal no podía imponerse a los intereses del pueblo y de la nación. Como resultado de las posturas emitidas, Rocha Moya solicitó licencia de nueva cuenta el 22 de agosto. En su petición dirigida al Poder Legislativo, el gobernador stated: “Por así considerarlo pertinente me presento ante este Honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido, por más de 30 días”.
En medio de la controversia, Alfredo Álvarez Cárdenas, aspirante de Morena a coordinador estatal en Baja California, descartó que el deslinde del partido con el gobernador de Sinaloa vaya a perjudicar al instituto político. En declaraciones a Semanario ZETA este lunes 24 de agosto en Tijuana, Álvarez Cárdenas aseveró: “El problema no es cuando hay un político, un colaborador, digamos, indeseable. El problema es cuando no se toman las medidas para corregir ese mal”. Agregó que la presidenta tomó las medidas “a tiempo y en forma”, destacando que lo relevante fue la manera en que se enfrentó el tema y el resultado final de la separación por segunda ocasión.
Paralelamente, el senador Enrique Inzunza anunció que el próximo 30 de agosto dejará el encierro y ocupará físicamente su escaño, del cual se ha mantenido alejado por más de 100 días, coincidiendo con la plenaria de la bancada de Morena para definir la agenda legislativa. Sin embargo, legisladores del bloque oficialista, formado por Morena, PT y PVEM, indicaron que no han respaldado el anuncio de Inzunza, asegurando que no cuenta con el apoyo del coordinador Ignacio Mier ni de la presidenta Sheinbaum.
Tanto Inzunza como Rocha Moya fueron señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con otros funcionarios, por presuntos vínculos con una facción del Cartel de Sinaloa, quedando en un limbo legal sin ser procesados ni exonerados. La Fiscalía General de la República mantiene carpetas de investigación abiertas en su contra, aunque solo han sido citados a comparecer una ocasión en mayo. Inzunza ha conservado su fuero constitucional y sueldo íntegro, limitando su actividad a una participación remota en junio y apareciendo públicamente solo en dos ocasiones: en mayo con el senador Javier Corral en Culiacán y el viernes pasado, al ingresar al Palacio de Gobierno para reunirse con Rocha Moya.