Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- Dieciocho congresos estatales han votado a favor de la reforma constitucional que disminuye las llamadas pensiones doradas en el sector público paraestatal. Las legislaturas que aprobaron la medida son: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Según reportes de La Jornada, la reforma fue aprobada por unanimidad en la mayoría de las legislaturas, mientras que en Baja California y Zacatecas se logró por mayoría. Andrea Becerril, citada por el mismo medio, indicó que “todo está listo para que en la sesión del martes próximo, el Senado formule la declaratoria de la reforma constitucional que disminuye las llamadas pensiones doradas en el sector público paraestatal y la envíe al Diario Oficial de la Federación para que sea publicada”.
Becerril añadió que esto es posible “debido a que hasta el momento se tienen ya los votos a favor de 18 congresos estatales, que suman más de la mayoría simple requerida del total de las legislaturas locales del país para una reforma constitucional”. La nueva disposición establece como tope para el pago de pensiones el 50% de los ingresos de la persona titular del poder ejecutivo federal. El ajuste a las pensiones millonarias actuales, con el que se espera un ahorro al erario de 5 mil millones de pesos anuales, será inmediato.
La reforma establece límites a los esquemas de jubilación financiados con recursos públicos en la administración paraestatal, en sus tres niveles de gobierno, tanto para las pensiones a futuro como las otorgadas con anterioridad. Un día después de publicada la reforma, las pensiones de tres directivos de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) que sobrepasan el millón de pesos mensuales –siendo un millón 77 mil pesos la más alta–, seis más que van de 919 mil a 980 mil pesos y, en general, de 600 ex funcionarios de esa empresa, superiores a 300 mil pesos, quedarán en cerca de 70 mil pesos mensuales.
También se ajustarán pensiones de medio millón de pesos de ex funcionarios y ex líderes sindicales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y otras en Petróleos Mexicanos (Pemex), que sobrepasen los 70 mil pesos al mes. Asimismo, se ajustará la pensión de 120 mil pesos que desde hace 32 años recibe José Angel Gurría de Nacional Financiera. Becerril señaló que “a partir de abril, las pensiones millonarias de ex funcionarios de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera (Nafinsa) y otros organismos de banca múltiple se reducirán a 50 por ciento de la remuneración de la Presidenta”. La nueva disposición no opera para las fuerzas armadas.
El Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán un plazo de 90 días para “revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable”. Sin embargo, existen advertencias sobre la legalidad de la medida. Óscar Hernández, citado por el Semanario ZETA, mencionó: “Parece que se pretende aplicar tal reducción retroactivamente, es decir, a los trabajadores que cumplieron con los requisitos de ley y obtuvieron su jubilación y por ende el pago de sus pensiones también son sujeto de tal reducción, afectando derechos adquiridos”.
Hernández también apuntó: “Curiosamente quedan excluidas de tal reducción las fuerzas armadas y los ministros de la SCJN, sin duda pilares en los que se han apoyado la 4-T, AMLO y ahora Claudia Sheinbaum”. Trabajadores y sindicatos advierten que la reforma podría aplicarse retroactivamente. En Nayarit, integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) alertaron al Congreso local sobre los riesgos de una aprobación exprés de la reforma al artículo 137 de la Constitución local y a la Ley del Fondo de Retiro Digno.
El SUTSEM identificó varias inconstitucionalidades graves en la iniciativa propuesta por el gobernador Miguel Ángel Navarro, entre ellas la imposición de un “doble tope” o límites distintos a las pensiones, lo que contradice los artículos 1º y 127 de la Constitución Federal. El sindicato afirmó que la iniciativa propone ajustes retroactivos a pensiones ya otorgadas, acción prohibida por el artículo 14 constitucional, y pretende eliminar artículos transitorios que han servido de base para amparos judiciales. “Cualquier límite adicional viola derechos ya adquiridos y constituye un acto ilegal”, indicó el SUTSEM Nayarit, agregando que “lo único que están haciendo es patear el bote para que la siguiente administración truene”.
La modificación propuesta al artículo 137, que originalmente regula a los trabajadores de los municipios y no a los de los Poderes del Estado, por lo que no puede usarse como fundamento para limitar pensiones del fondo de retiro, según el sindicato. Además, la reforma pretende reemplazar la AFORE estatal por una Sociedad de Capital Variable sin autorización ni registro de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). En la exposición de motivos de esta modificación, el gobernador Navarro argumenta que la reforma busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, promover la austeridad republicana y racionalizar el gasto público.