Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Hugo Eric Flores, tiene programado sesionar después del receso de Semana Santa para analizar la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI. La medida busca permitir que la justicia ordinaria proceda en su contra por una acusación de presunto peculado y ejercicio indebido del servicio público por 83 millones de pesos, presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche.
El legislador morenista indicó que la sección instructora debe cumplir con su mandato antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias, motivo por el cual se ha decidido retomar el análisis del caso una vez finalizado el descanso vacacional. Esta decisión busca, según lo señalado por Flores, no entorpecer la discusión legislativa de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, que actualmente centra la atención en el recinto parlamentario.
La acusación formal que motiva este proceso de desafuero fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, la cual imputa a Moreno Cárdenas responsabilidades por el desvío de recursos públicos durante su administración estatal. Sin embargo, el escrutinio sobre el priista abarca cifras de mayor magnitud detectadas en auditorías previas. Reportes de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalan que, en enero de 2022, aún estaban pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes al ejercicio fiscal de 2018.
Dichas observaciones representan el 98 por ciento del total detectado en ese año, cuando la ASF identificó posibles desvíos por 3 mil 435 millones de pesos durante el gobierno de Moreno en Campeche, el cual ejerció de septiembre de 2015 a junio de 2019. Análisis de datos periodísticos indican que la gestión de David Colmenares al frente de la ASF fue considerada benévola en años recientes, ya que al político le fueron perdonadas o solventadas cuentas que dejó pendientes, incluyendo más de 2 mil 700 millones de pesos que dejaron de ser requeridos.
Entre los involucrados en el seguimiento de estos casos figuran Ricardo Gabriel López Ruiz y Pablo Angulo Briseño, quienes han dado seguimiento a las irregularidades administrativas. Mientras la Comisión Instructora prepara su dictamen para retirar o no la inmunidad legislativa del senador, la controversia se divide entre el proceso jurídico-penal por los 83 millones de pesos y el proceso administrativo-contable por los miles de millones observados por la autoridad fiscalizadora.
El proceso de desafuero representa un paso crítico para que la Fiscalía de Campeche pueda ejercer acción penal directa contra el dirigente del PRI. La sesión prevista para después de Semana Santa marcará el ritmo de las próximas semanas en la Cámara de Diputados, donde se definirá si existe lugar a proceder contra el funcionario por los delitos que se le imputan.