Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en la firma de un contrato irregular con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica que nunca se edificó. La decisión judicial, tomada tras una audiencia que se extendió por más de un día en la Sala 6 del Centro de Justicia del Río Nuevo, obliga al exfuncionario a enfrentar un proceso penal por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.
La Fiscalía General del Estado de Baja California acusó a Bonilla de utilizar sus atribuciones constitucionales durante su gestión (2019-2021) para estructurar y posibilitar una contratación que, según la autoridad, competía al ámbito federal y no cumplió con las fracciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas. El contrato plurianual ascendería a 4,500 millones de pesos con una vigencia de 30 años, proyecto que quedó inconcluso a pesar de que la empresa contratista recibió un pago inicial de 123 millones de pesos.
Durante la audiencia, que inició la mañana del 23 de marzo, la defensa del exgobernador, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó argumentos para intentar desvirtuar las acusaciones. Entre las líneas argumentativas expuestas, los defensores sostuvieron que Bonilla ya no ostentaba el cargo de mandatario estatal en el momento en que se realizaron los pagos a la compañía, buscando con ello separar la responsabilidad directa del exfuncionario de las operaciones financieras posteriores a su término de gobierno.
Al concluir la comparecencia, Jaime Bonilla minimizó el alcance jurídico del caso y lo calificó como una persecución con trasfondo político. “No veo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincular, sabíamos que ese era el propósito. Nada más para que aprendan, no se anden peleando con la gobernadora”, declaró a la prensa, aludiendo directamente a la actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, con quien mantiene un conflicto político abierto.
El caso se enmarca en un contexto de tensión entre la administración actual de Morena y el exgobernador, quien aunque llegó al poder bajo la bandera del partido oficialista, actualmente funge como dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT). La Fiscalía estatal mantiene la postura de que se pagaron sumas millonarias a Next Energy sin que existieran los permisos necesarios para iniciar la construcción de la obra, lo que configuraría el daño al erario por el cual se solicita la sanción penal.
Jaime Bonilla logró aplazar su encuentro con la justicia durante un periodo gracias a su fuero legislativo, el cual recuperó al concluir su travesía como gobernador y asumir nuevamente un cargo como senador. Sin embargo, al perder dicha protección constitucional en 2024 y faltar a diversos citatorios judiciales, un juez giró una orden de presentación para forzar su comparecencia, misma que derivó en esta vinculación a proceso que abre una etapa de investigación de seis meses antes de dictar sentencia.
Esta resolución marca un precedente al convertir a Bonilla en el primer exgobernador surgido de las filas de Morena en ser acusado abiertamente de corrupción por el propio oficialismo en Baja California. La decisión del juez Gerardo Anguiano Ceja valida las 18 tomas de elementos de prueba recabados por la FGE en contra del exsenador, identificado en el proceso legal como Jaime “N”, y establece que las pruebas aportadas resultaron verosímiles para avanzar a la siguiente fase del procedimiento penal.