Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Un juez federal absolvió a Javier ‘N’, único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes ocurrido en febrero de 2019, luego de que la Fiscalía de Morelos no presentara pruebas suficientes para acreditar su culpabilidad. La decisión judicial, emitida entre el 14 y 15 de marzo, representa un revés en la investigación de un crimen que conmocionó al país por su vínculo con la oposición al Proyecto Integral Morelos. Paralelamente, autoridades reportaron avances en otros casos, incluyendo detenciones por robo de joyería en la Ciudad de México y procesos por delincuencia organizada en Chihuahua y Jalisco.
El proceso judicial por el homicidio de Flores Soberanes, defensor de la tierra y opositor al gasoducto y termoeléctrica del PIM, concluyó con la liberación del imputado después de que el juez determinara que las evidencias presentadas no cumplían con el estándar necesario para una condena. Medios nacionales criticaron el desempeño de la Fiscalía de Morelos, señalando fallas sustanciales en la integración de la investigación desde su inicio.
Samir Flores fue asesinado a balazos en Amilcingo, Morelos, en febrero de 2019, en un ataque atribuido a su activismo contra el megaproyecto energético. El caso permanece abierto, ya que las autoridades continúan en la búsqueda de otros dos presuntos autores materiales mencionados durante las indagatorias, aunque no se proporcionaron detalles sobre su identidad o paradero actual.
En otros desarrollos judiciales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre la detención de cuatro ciudadanos de nacionalidad colombiana –de 52, 48, 43 y 24 años– en la alcaldía Benito Juárez, acusados del robo de 739 piezas de joyería valuadas en aproximadamente 400 mil pesos. Uno de los detenidos contaba con antecedentes penales.
En Chihuahua, un juez impuso prisión preventiva oficiosa a cinco individuos –identificados como José Isaac N, José Ramón N, José N, Luis N y Gonzalo N– por su presunta participación en delincuencia organizada con fines de tráfico de personas. Mientras, en Puerto Vallarta, Jalisco, otras siete personas –Edwin N, Francisco N, Elvira N, Karina N, Luis N, Ivette N y Betzy N– fueron vinculadas a proceso por el delito de portación de armas.
La absolución en el caso Flores evidencia los persistentes desafíos en la procuración de justicia para crímenes contra activistas en México. Organizaciones de la sociedad civil han exigido reiteradamente investigaciones más robustas y transparentes, especialmente en casos con trasfondo político o de defensa de derechos humanos, que a menudo enfrentan impunidad.