Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Laurence Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73, por presuntamente traficar armas de fuego hacia México para abastecer a los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CDS). La investigación detalla que los hechos ocurrieron en cinco ocasiones entre febrero y mayo de 2025, vinculando a los acusados con el envío de armamento desde la zona fronteriza de Arizona.
Según la denuncia federal, Gray operaba la armería ‘Grips by Larry’, ubicada a menos de 15 minutos de la frontera con Naco, Sonora. A través de este establecimiento, se habrían realizado las ventas ilegales utilizando a intermediarios, conocidos como ‘compradores de paja’, para adquirir las weapons que posteriormente cruzaban la línea divisoria. Aunque existen discrepancias en reportes periodísticos previos sobre si solo Gray estaba involucrado, la acusación actual del Departamento de Justicia incluye explícitamente a ambos individuos como responsables.
Este caso representa una de las primeras aplicaciones de cargos criminales por apoyo material al terrorismo contra un armero, luego de que el gobierno de Estados Unidos designara al CJNG y al CDS como Organizaciones Terroristas Extranjeras en febrero de 2025. La medida, impulsada durante la administración del presidente Trump y formalizada por el Departamento de Estado, elevó la categoría jurídica de estos grupos delictivos, permitiendo persecuciones legales más severas bajo leyes antiterroristas.
Las autoridades no han divulgado aún la identidad de los compradores interpuestos ni el destino exacto de las armas dentro del territorio mexicano, datos que permanecen bajo reserva mientras avanza el proceso judicial. Sin embargo, la estructura de la red de tráfico sugiere una operación coordinada para evadir los controles de venta directa a personas vinculadas con el crimen organizado.
De ser convictos, los acusados enfrentan penas que podrían oscilar entre 10 y 20 años de prisión por cada delito imputado. La presentación de estos cargos en Phoenix subraya la intensificación de los esfuerzos legales transfronterizos para cortar el flujo de armamento hacia los carteles mexicanos, aprovechando las nuevas figuras jurídicas que equiparan sus actividades con el terrorismo internacional.