Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Senado de una iniciativa para expedir la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio, con el objetivo de que todas las fiscalías del país cuenten con un marco legal único que permita acabar con la impunidad y desarrollar políticas de prevención.
Durante la conferencia de prensa, la mandataria explicó que la búsqueda de esta legislación busca asegurar que las muertes violentas de mujeres sean investigadas bajo la hipótesis inicial de feminicidio y con perspectiva de género, evitando que se clasifiquen erróneamente como suicidios u otros delitos. La iniciativa fue construida en conjunto con la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de la República.
Ernestina Godoy, fiscal general de la República, detalló los puntos centrales del proyecto, el cual propone una pena de prisión de 40 a 70 años para este delito. Además, la propuesta contempla la sanción de la tentativa de feminicidio e incluye 21 agravantes para configurar el crimen, buscando homologar el tipo penal en todo el territorio nacional.
El anuncio se produce en un contexto de violencia registrada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que reporta 54 feminicidios en lo que va de 2026. Las cifras oficiales indican una concentración de estos delitos en Sinaloa con ocho casos, seguido de la Ciudad de México y el Estado de México con cinco y cuatro respectivamente, así como Tamaulipas con cuatro registros.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, mostró su apoyo total a la iniciativa legislativa. El legislador aseguró que ya había conversado con la Presidenta sobre su intención de enviar la propuesta y confirmó que la bancada de Morena la respaldará sin duda en el proceso de discusión parlamentaria.
La creación de esta ley reglamentaria avanzada busca obligar a las autoridades a aplicar protocolos específicos desde el inicio de las investigaciones. La medida responde a la necesidad de unificar criterios jurídicos en las 32 entidades federativas para garantizar que los casos de mujeres asesinadas no queden en la impunidad por falta de tipificación correcta o deficiencias en las procuración de justicia local.