Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que establece un tope máximo del 50 por ciento de la remuneración de la Presidencia de la República para las jubilaciones y pensiones de exfuncionarios de confianza. La decisión, tomada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, modifica el Artículo 127 de la Carta Magna con el objetivo de eliminar los beneficios extraordinarios en organismos descentralizados y empresas estatales como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Existen discrepancias en las cifras oficiales sobre el resultado de la votación en lo general. Mientras que el Semanario ZETA reportó 458 votos a favor, el medio Quadratín detalló un marcador de 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. Durante la sesión, se discutieron reservas presentadas por partidos de oposición y aliados, aunque el dictamen fue avalado para su siguiente etapa legislativa.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, determina que las pensiones del personal de confianza no podrán exceder la mitad del salario que percibe la titular del Ejecutivo federal. La reforma excluye expresamente a las Fuerzas Armadas, así como a las jubilaciones constituidas a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, aportaciones sindicales y pensiones no contributivas. La minuta será remitida a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su ratificación.
Durante el debate, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, expresó su oposición a la retroactividad de la medida. “Estamos en contra de estos abusos que no reflejan ni remotamente lo trabajado, pero también es cierto que miles y miles de pensionados que sí trabajaron y sirvieron al Estado mexicano se jubilaron con la certeza jurídica y humana que serían respetados”, señaló la legisladora, quien advirtió que la aplicación hacia atrás vulnera derechos adquiridos.
Por su parte, legisladores de Movimiento Ciudadano argumentaron que, si bien están a favor de restringir los privilegios, ajustar las pensiones ya otorgadas contraviene principios constitucionales y podría generar una ola de amparos. Diputadas de esta bancada, como Claudia Ruiz Massieu y Laura Hernández García, presentaron reservas para intentar que la norma no afecte a quienes ya están pensionados y para que el límite aplique también a otros sectores como la Suprema Corte de Justicia.
En defensa de la reforma, diputados de Morena sostuvieron que la medida busca reordenar un sistema donde existían jubilaciones millonarias producto de compadrazgos o favores políticos, calificándolas como una burbuja inmoral aunque legal. Por otro lado, representantes del PRI manifestaron su respaldo a la iniciativa considerándola un acto de justicia social, aunque algunos integrantes de la oposición mantuvieron reservas sobre los aspectos técnicos y legales de la implementación.
La aprobación en el recinto legislativo ocurrió en un contexto de tensión, con protestas de jubilados de las instituciones afectadas en el exterior del edificio, quienes exigieron dar marcha atrás a la iniciativa. Con este avance en el Congreso de la Unión, el proceso de reforma constitucional continúa su trámite hacia la validación por parte de los congresos locales, requisito indispensable para su entrada en vigor.