Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda que modifica el concepto constitucional de vivienda digna por el de vivienda adecuada y faculta a Infonavit y Fovissste para adquirir, rehabilitar y construir inmuebles directamente, dejando de ser únicamente facilitadoras de crédito. La votación en lo general registró 356 votos a favor, 99 en contra y cero abstenciones, mientras que en lo particular la aprobación fue de 354 a favor y 95 en contra.
La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, establece que los institutos de vivienda podrán urbanizar terrenos para enajenar o arrendar las unidades habitacionales. Durante el debate, la diputada Sandra Patricia Palacios, de Morena, defendió la modificación como necesaria para garantizar el acceso efectivo a la vivienda, aunque el texto de sus declaraciones no fue detallado en los registros disponibles.
Por su parte, la oposición representada por el PAN y el PRI cuestionó la viabilidad financiera del nuevo modelo. La diputada Blanca Gutiérrez Garza, del PAN, expresó reservas sobre la propuesta, señalando preocupaciones respecto al uso de las subcuentas de vivienda de los trabajadores para financiar los proyectos de construcción y rehabilitación que ahora podrán ejecutar los institutos, aunque su intervención completa no fue especificada en las fuentes consultadas.
En paralelo a la aprobación legislativa, el gobierno de Sonora reportó avances en la aplicación del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. El gobernador Alfonso Durazo Montaño indicó que la meta inicial de construcción en la entidad, que era de 33,800 viviendas, se ha duplicado a 65,000 unidades. De este total, actualmente se encuentran en construcción 9,694 viviendas, mientras que otras 18,126 están en fase de planeación.
La reforma representa un cambio estructural en la política habitacional del país al transformar la naturaleza operativa de Infonavit y Fovissste. Los legisladores que votaron en contra argumentaron que la modificación de las facultades de estos organismos podría implicar riesgos para el ahorro de los trabajadores, mientras que los promotores de la ley sostienen que la intervención directa en la producción de vivienda es clave para abatir el rezago habitacional.
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa avanza en el proceso legislativo para su eventual promulgación, marcando un precedente en la gestión pública de la vivienda al integrar la producción de inmuebles como una función directa de los institutos de seguridad social.