Buenos Aires, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno de Argentina declaró oficialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista, una resolución que habilita sanciones financieras y restricciones operativas contra el grupo criminal mexicano. La decisión fue anunciada este 26 de marzo de 2026 desde Buenos Aires por la administración del presidente Javier Milei, quien instruyó la incorporación inmediata del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.
Según los comunicados oficiales emitidos por la Oficina del Presidente y el Gobierno Nacional, la determinación se basa en la acreditación de actividades ilícitas de carácter transnacional realizadas por la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’. La investigación gubernamental señaló que el cártel mantiene presencia operativa en al menos 40 países, lo que fundamenta su clasificación bajo la normativa antiterrorista argentina.
La resolución fue producto de una coordinación interinstitucional que involucró a la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Al quedar inscrito en el RePET, el CJNG enfrenta el congelamiento de bienes y cualquier tipo de apoyo financiero dentro del territorio argentino, alineando la postura de Buenos Aires con las medidas de persecución internacional contra el narcotráfico.
Esta acción diplomática y de seguridad ocurre en un contexto de golpes recientes contra la estructura del cártel, tras reportarse la detención y muerte de ‘El Mencho’ el pasado 22 de febrero de 2026, según información previa manejada en el ámbito internacional. La medida busca cerrar espacios financieros y logísticos a la organización en suelo sudamericano, independientemente de los cambios en su liderazgo.
Con esta declaratoria, Argentina se suma a los esfuerzos globales para combatir las redes del CJNG, utilizando herramientas legales que permiten tratar sus operaciones no solo como delitos comunes, sino como actos de terrorismo financiados, lo que endurece las penas y facilita la cooperación judicial con otras naciones afectadas por la expansión del grupo.