Los Cabos, 24 de marzo de 2026.- Familiares, amigos y miembros de colectivos de búsqueda bloquearon la tarde del 23 de marzo el acceso al aeropuerto internacional de Los Cabos para exigir respuestas a las autoridades sobre el hallazgo de cuatro fosas clandestinas en La Paz y la desaparición de Juan Luis Chico Torres, de 29 años de edad. La protesta se realizó mientras la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California Sur y la Fiscalía de desaparecidos continúan las pericias en los sitios localizados el 22 de marzo.
El grupo de manifestantes, que incluyó a integrantes del colectivo Búsqueda X La Paz, interrumpió la circulación en la zona aeroportuaria como medida de presión hacia la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Los participantes demandan avances concretos en la investigación de la desaparición de Chico Torres y claridad sobre el vínculo entre los restos humanos encontrados y actividades delictivas en la región, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial definitiva al respecto.
El hallazgo de las cuatro fosas se registró el 22 de marzo en la capital del estado, sumándose a un historial de violencia que ha dejado más de 120 osamentas localizadas históricamente por el colectivo Búsqueda X La Paz. Dichos restos se concentran principalmente en la carretera que conecta a La Paz con San Juan de la Costa, área que ha sido descrita en reportes como el cementerio clandestino más grande asociado al narcotráfico en la entidad.
La movilización en Los Cabos refleja la frustración de los familiares ante la falta de información precisa sobre los resultados de las pericias forenses y el estatus de las investigaciones judiciales. A pesar de la presencia de la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía especializada, los ciudadanos señalaron que no han recibido avances concretos que permitan esclarecer el paradero de la víctima o identificar a los responsables.
Este episodio de protesta se suma a la crisis de seguridad que enfrenta Baja California Sur, donde la búsqueda de personas desaparecidas y el descubrimiento de entierros ilegales se han convertido en recurrentes. El colectivo ciudadano ha mantenido una labor constante de rastreo ante la insuficiencia percibida en las acciones gubernamentales, documentando hallazgos que evidencian la magnitud de la violencia en el territorio.
Las autoridades estatales no han emitido un comunicado oficial detallado sobre los resultados preliminares de las excavaciones ni sobre el cronograma de entrega de restos a las familias. Mientras tanto, la presión social en Los Cabos y La Paz continúa en aumento, con la expectativa de que la PGJE presente pronto informes que permitan avanzar en la justicia para los casos reportados en las últimas 48 horas.