Cámara de Diputados aprueba reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con el objetivo de modernizar y agilizar los juicios administrativos. La votación en lo general registró 363 sufragios a favor, 25 abstenciones y 64 en contra, mientras que en la discusión en lo particular se emitieron 328 votos a favor, 119 en contra y cero abstenciones.

Entre los cambios destacados de la minuta recibida del Senado se encuentra el establecimiento de un plazo máximo de seis meses para resolver casos en la vía sumaria. Asimismo, se implementan plazos máximos para las actuaciones de los magistrados instructores y se fija un plazo común de cinco días para aquellas actuaciones del Tribunal que no cuenten con un término específico, medida destinada a evitar dilaciones procesales.

La reforma también incorpora la posibilidad de que los juicios sean tramitados electrónicamente a través del Sistema de Justicia en Línea. En cuanto a los criterios de procedencia, existen discrepancias en los reportes sobre la cuantía para la vía sumaria: una fuente indica que se incrementa de 15 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) anual, mientras que otra establece un límite para resoluciones cuyo importe no exceda de 15 veces la UMA anual.

Adicionalmente, se adicionan supuestos para negar la suspensión del acto impugnado cuando este afecte el interés social o contravenga disposiciones de orden público, como en casos de actividades sin autorización o conductas ilícitas. También se incluye como nuevo supuesto la impugnación de resoluciones sobre devoluciones de contribuciones.

El dictamen avanzó en lo particular con solo una modificación en el artículo 19. Con esta aprobación, se actualizan las referencias al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y se modifican los procedimientos para casos de atracción y recusación de magistrados, además de fijar plazos más estrictos para la práctica de notificaciones.

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