Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto financiado por capital suizo-alemán. La toma de la instalación, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo Proman, se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio, logrando detener los trabajos de construcción del complejo petroquímico.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, anunció que mantenerían el cerco permanente hasta conseguir la cancelación definitiva de los permisos federales. “Nosotros tomaremos la instalación el lunes (15 de junio) hasta tener resultados”, declaró Montaño Valenzuela, quien también es conocido como el cobanaro de Ohuira. Ante la inacción percibida, advirtió: “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”.
Los manifestantes denuncian que el proyecto, el cual lleva un 88% de avance y pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco, ha causado graves daños ambientales. Según los hechos extraídos, se han rellenado 28 hectáreas de humedales, se han tumbado manglares y parte de la fauna ha comenzado a migrar. Montaño Valenzuela afirmó: “Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”.
El conflicto por la planta de amoniaco y metanol inició en 2014 y afecta a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río, ubicados en la bahía de Ohuira, parte del humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, declarado sitio RAMSAR. El colectivo ¡Aquí no! sostiene que el funcionamiento de la fábrica destruirá la pesca ribereña de la región y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a miles de habitantes de los municipios de Ahome y Mazatlán.
Preocupaciones técnicas respaldan las protestas. El proyecto, financiado con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank, succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco, descargando el agua en la bahía con una temperatura de hasta tres grados más que la original. Además, un informe de la empresa alertó de posibles fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en 45 kilómetros a la redonda, impactando a más de 40,000 personas.
En respuesta al conflicto, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con representantes ejidales. Durante el encuentro, Bárcena señaló que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales”. Posteriormente, la Semarnat informó que inició una revisión técnica y científica exhaustiva del proyecto.
La movilización ha trascendido fronteras, pues ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al Gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos de financiamiento público destinados a esta obra.