Ciudad De México, 05 de abril de 2026.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) sobre México. El organismo nacional sostuvo que la decisión del comité de pedir al secretario general de la ONU que remita el caso a la Asamblea General parte de una lectura ‘sesgada y contradictoria’, carente de perspectiva histórica e internacional.
La CNDH afirmó que el comité basó su decisión en peticiones de ONG y colectivos de familiares, privilegiando posturas de organizaciones como el Centro Prodh por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales del Estado mexicano en los últimos siete años. Además, acusó al CED de ignorar los artículos 30 y 31 del tratado relativos a las condiciones para su intervención, argumentando que debieron agotarse primero las instancias nacionales.
En su defensa, la CNDH señaló que las desapariciones forzadas como política de Estado corresponden a periodos anteriores, específicamente a la ‘Guerra Sucia’ (1951-1990) y a la ‘guerra contra el narcotráfico’ (2006-2012). La comisión aseveró que los casos de desaparición forzada ‘han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer’. Asimismo, recordó que en la actual gestión ha emitido 14 recomendaciones por desaparición forzada sobre hechos de años anteriores y otras cinco por casos recientes.
Por su parte, el Gobierno mexicano tachó el informe del CED de ‘tendencioso’ y con ‘falta de rigor jurídico’. La CNDH también rechazó la propuesta de cooperación técnica, asistencia especializada, apoyo financiero y un mecanismo especial de esclarecimiento del comité, al considerar que reproduce fórmulas externas que no mejoraron antes la situación de derechos humanos en el país, y arremetió contra ONG que, según dijo, lucran y politizan el tema.
Frente a esta postura, Amnistía Internacional celebró la decisión del comité, pidió aceptar la cooperación internacional y advirtió que la crisis afecta a más de 132,000 familias. El colectivo ‘Glorieta de las y los Desaparecidos’ exigió respuestas claras al gobierno federal y atender las recomendaciones de la ONU, señalando que no existen motivos para una postura defensiva.
El colectivo destacó que el Comité contra la Desaparición Forzada encontró indicios de que en México se cometen crímenes de lesa humanidad. ‘El CED determina que al menos algunas organizaciones criminales que operan en el país cumplen con los criterios del Estatuto de Roma para ser consideradas formalmente como “organizaciones” con capacidad de cometer desapariciones forzadas’, indicó el grupo. Además, subrayó que el comité toma como propios los indicios de la magnitud del fenómeno basándose en cifras oficiales: más de 132,400 personas desaparecidas y una crisis de 72,000 restos humanos sin identificar.