Por Redacción
Ciudad de Mexico, 10 de agosto de 2026.- En los últimos días se ha debatido sobre la viabilidad de llevar a cabo extracción de gas a través del fracking en México, una discusión entre el gobierno y los grupos de conservación ambiental centrada en los impactos ecológicos de esta práctica.
Las organizaciones han reclamado que no hay una inclusión completa de quienes pueden tener un impacto con la toma de estas decisiones. Específicamente, reclaman que no fueron invitadas a la discusión comunidades directamente afectadas, personas expertas en epidemiología o en territorios indígenas.
Respecto a la discusión de los derechos de las audiencias, se señaló que en ocasiones se llamó a foros o debates donde los actores involucrados podrían expresar sus preocupaciones, pero hubo descalificativos de cara para incorporarlos. El autor de la columna, quien firma como @Micmoya, plantea: “¿Cómo podemos garantizarnos una discusión donde intervengan todos los actores que tengan algo que decir? ¿O es que el gobierno acapara el debate y la toma de decisiones?”.
La situación se compara con lo ocurrido en las discusiones sobre la reforma al poder judicial, un debate que tampoco incluyó en su totalidad voces disidentes. Además, se indica que la oposición también abandonó su tarea de traer voces disidentes, mientras que las organizaciones de la sociedad civil están cada vez más diezmadas por recortes.
Sobre el valor de la discrepancia, el columnista escribe: “La disidencia no siempre tiene que ir a frenar los objetivos, también puede enriquecerlos, hacerlos más sólidos y con una visión que permita que cuando haya contratiempos ya se habían contemplado y hay una posibilidad de resolverlos”.
Finalmente, el texto cuestiona: “¿A quién le corresponde el papel de pelear un espacio para las voces disidentes?, ¿quién debería garantizar que las comunidades que históricamente han sido ignoradas tengan un espacio y un micrófono?”.