Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México mostró este fin de semana múltiples facetas, desde el hallazgo de restos humanos y crematorios clandestinos en Jalisco hasta la localización con vida de siete electricistas en San Luis Potosí, en un contexto marcado por la denuncia de omisiones institucionales y ataques directos contra defensores de derechos humanos y periodistas.
En Tequila, Jalisco, el colectivo Buscando Corazones, liderado por Ivonne Gutiérrez, denunció el descubrimiento de restos óseos calcinados, posibles indicios de disolución con ácido y objetos personales en el cerro del Totole. La activista señaló que las autoridades no mantienen resguardado el sitio, lo que pone en riesgo la preservación de las pruebas. Este hallazgo se suma a la gravedad de la situación en la región, donde se han reportado fosas clandestinas.
Por otro lado, Ceci Flores, madre buscadora, aseguró mediante redes sociales haber encontrado los restos de su hijo en la carretera 26, kilómetro 46, en Hermosillo, Sonora. Aunque no se ha confirmado oficialmente la identidad de los restos ni los resultados de pruebas de ADN, su declaración evidencia la continuidad de las búsquedas independientes ante la falta de respuestas gubernamentales.
En contraste con la tragedia de los hallazgos, un operativo de seguridad en Matehuala, San Luis Potosí, derivó en la liberación de siete electricistas que habían sido interceptados por un grupo criminal. Según declaró un electricista anónimo a medios, los trabajadores fueron retenidos por más de dos días con el fin de ser reclutados forzosamente. Para su rescate, se desplegaron aproximadamente 600 agentes en la región.
La respuesta oficial ha generado controversia debido a declaraciones que minimizan la percepción de crisis. El Gabinete de Seguridad afirmó que todas las personas reportadas como no localizadas en Quintana Roo entre el 6 y el 13 de marzo “se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito”, contradiciendo reportes previos sobre la gravedad de las desapariciones en la entidad. Mientras tanto, en Yucatán se registran 297 personas desaparecidas hasta finales de 2025.
La situación de los defensores se ha agravado con actos de hostigamiento. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova denunció un segundo allanamiento y robo en sus instalaciones en Tapachula, Chiapas, ocurrido el 22 de marzo, calificando la situación como un “riesgo inminente” por la inacción de las autoridades. Asimismo, el periodista Rolando Sánchez Quintero ha sido objeto de intimidación, mientras que en Torreón, familias de policías desaparecidos enfrentan obstáculos legales para acceder a pensiones, pues el municipio argumenta que no existe una forma jurídica para integrarlos al fondo correspondiente.
Estos eventos reflejan un panorama complejo donde la búsqueda de verdad y justicia recae frecuentemente en la sociedad civil, mientras las instituciones enfrentan críticas por negligencia, falta de resguardo en sitios críticos y respuestas que no corresponden a la magnitud del dolor de las familias afectadas.