Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- Mientras las autoridades de la capital anuncian interrupciones parciales en el suministro de agua para una distribución más equitativa, ejidatarios de San Luis Potosí denuncian corrupción y tráfico de influencias en la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esta situación se desarrolla en un contexto nacional de crisis de infraestructura hídrica y proyectos de rehabilitación urgentes, como el de Gómez Palacio, Durango, que requiere más de 500 millones de pesos.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), a través de su titular, informó que aplicará interrupciones parciales en algunas zonas para lograr una distribución más equitativa del recurso, aunque sin especificar un cronograma detallado de cortes programados. Esta medida se toma pese a que el Sistema Cutzamala reporta un almacenamiento superior al 80%.
En contraste con la gestión técnica anunciada por las autoridades capitalinas, ejidatarios de la comunidad San Antonio de los Bravos, en San Luis Potosí, acusaron públicamente a Conagua de actos de corrupción y tráfico de influencias. Los campesinos denuncian que la dependencia federal favorece a un comité alterno, generando un conflicto por el reconocimiento oficial de la representación ejidal, situación que aún no ha sido investigada.
Paralelamente, el gobierno de San Luis Potosí instaló el Consejo Técnico Consultivo del Agua, con el objetivo declarado de fortalecer la gestión hídrica estatal. En el norte del país, el organismo operador de agua de Gómez Palacio, Durango, lanzó una licitación pública para la rehabilitación de su emisor central y el colector San Ignacio, un proyecto que involucra tuberías de 72 y 60 pulgadas de diámetro y requiere una inversión que supera los 500 millones de pesos.
Este mosaico de situaciones ocurre en un escenario hidrológico nacional de recuperación parcial. Durante 2025, el 16% del territorio mexicano enfrentó sequía de moderada a severa, una condición que ha presentado cierta mejoría en 2026, pero que deja al descubierto la vulnerabilidad de la infraestructura y la gestión del agua en múltiples regiones del país.