Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos, activistas y familiares de víctimas denunciaron un patrón regional de represión estatal que abarca desde la deportación masiva de migrantes en Argentina hasta la desaparición forzada de opositores en Venezuela y Nicaragua, así como la detención de salvadoreños en Estados Unidos sin debido proceso. Las alertas surgieron en medio de cifras que muestran un endurecimiento de políticas migratorias y de seguridad en varios países de América Latina, con casos documentados por Human Rights Watch y testimonios directos de afectados.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha intensificado las deportaciones, registrando 5,000 personas no admitidas o expulsadas en los últimos dos meses, según datos reportados. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, ha anunciado medidas alineadas con políticas restrictivas inspiradas en el modelo de Donald Trump. Organizaciones señalan que en 2024 se deportaron 620 personas, un 40% más que el año anterior, mientras grupos de la sociedad civil cuestionan el desmantelamiento de políticas de memoria relacionadas con las 30,000 desapariciones durante la dictadura militar.
Simultáneamente, en Venezuela y Nicaragua, se reportan confiscaciones de bienes y desapariciones forzadas de opositores políticos. Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, realizó una denuncia pública sobre la situación, al igual que familiares de víctimas como Thelma Brenes y el activista Amaru Ruiz. Entre los casos destacados figura la desaparición del dirigente chavista Carlos Brenes y la persecución contra figuras como William Dávila y Enrique Márquez. El gobierno de Nicolás Maduro y la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrentan estas acusaciones en un contexto de crisis política aguda.
En el caso de El Salvador, la controversia se centra en la desaparición de 11 connacionales deportados desde Estados Unidos, entre ellos César Humberto López Larios, conocido como ‘El Greñas’, a quien autoridades estadounidenses y salvadoreñas vinculan con la pandilla MS-13. Sin embargo, familias de los deportados y Human Rights Watch niegan que el resto de los desaparecidos tengan antecedentes pandilleros, señalando una falta de evidencia concreta para tales acusaciones. En 2025, más de 9,000 salvadoreños fueron deportados desde EE.UU., de los cuales se estima que solo el 10% tenía antecedentes penales.
Juanita Goebertus, representante de Human Rights Watch, emitió un comunicado oficial detallando las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en estos países. La organización destaca que las tácticas de represión incluyen desde redadas migratorias sin garantías legales hasta la eliminación de disidencia política mediante la desaparición forzada y la expropiación de activos. Más de 250 venezolanos también han sido deportados desde Estados Unidos en este periodo, sumándose a la crisis humanitaria regional.
Las denuncias ponen de manifiesto una convergencia de prácticas autoritarias en la región, donde la seguridad nacional se utiliza como justificación para limitar garantías individuales. Mientras los gobiernos de Argentina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador defienden sus acciones como necesarias para el orden público, las víctimas y organismos internacionales exigen transparencia, respeto al debido proceso y el cese de la impunidad en casos de desaparición forzada y deportaciones arbitrarias.