Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- Un derrumbe ocurrido el 9 de marzo en el inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, alcaldía Cuauhtémoc, provocó la muerte de tres trabajadores y dejó un sobreviviente, desatando un conflicto de atribuciones entre el gobierno capitalino y la alcaldía sobre la responsabilidad de supervisar las demoliciones. El sobreviviente, identificado como Ángel Miranda, interpuso una demanda civil contra la empresa encargada de la demolición por presuntas irregularidades en la póliza de responsabilidad civil.
La tragedia evidenció las tensiones entre la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, y el Gobierno de la Ciudad de México, con discrepancias sobre la aplicación del ‘Acuerdo de Facilidades’ que limitaría la supervisión de la alcaldía en estos procesos. El PAN capitalino respaldó la gestión de Rojo de la Vega, señalando que la alcaldía ha cumplido con solicitar verificaciones pero el Gobierno no ha respondido a las 456 solicitudes pendientes entre octubre de 2025 y marzo de 2026.
Según datos oficiales, existen 17 inmuebles más en proceso de demolición que presentan riesgo similar, lo que aumenta la preocupación sobre la seguridad en las obras de la zona. La firma legal Vega Mac Gregor Arellano asumió la representación de Miranda en la demanda civil, aunque no se han revelado los detalles específicos de las presuntas irregularidades en la póliza de responsabilidad civil de la empresa responsable.
Luisa Gutiérrez, representante del PAN en la CDMX, defendió públicamente a la alcaldesa Rojo de la Vega, argumentando que las críticas del Gobierno central carecen de fundamento dado el alto número de solicitudes de inspección sin respuesta. “La alcaldía ha hecho su parte, pero existe un vacío de responsabilidad que debe ser clarificado urgentemente”, declaró Gutiérrez.
Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX continúan para determinar las causas exactas del derrumbe y establecer responsabilidades penales. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de los tres trabajadores fallecidos ni el estado de salud actual del sobreviviente Ángel Miranda.
El caso ha puesto en evidencia la necesidad de clarificar las competencias en materia de supervisión de demoliciones en la capital, especialmente en el contexto de los más de 450 procedimientos pendientes de revisión que podrían representar riesgos similares para trabajadores y vecinos.