Washington, 24 de marzo de 2026.- El gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos principales de Estados Unidos, como respuesta urgente a la escasez de personal en la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) derivada de una parálisis presupuestaria de cinco semanas. La decisión, coordinada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y supervisada por Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, tiene como objetivo mitigar los tiempos de espera que han llegado a casi tres horas en terminales como la de Atlanta.
La crisis operativa se origina tras el rechazo del Senado por quinta vez desde febrero al financiamiento del DHS, lo que ha dejado a miles de empleados de la TSA trabajando sin sueldo completo desde el 14 de febrero. Esta situación financiera provocó una tasa nacional de ausencias del 11.76% reportada el 22 de marzo, así como más de 400 renuncias, colapsando la capacidad de procesamiento de pasajeros en hubs clave como Houston, Nueva York y Atlanta.
A pesar de la presencia de los nuevos efectivos, reportes indican que la medida no resolvió el problema de fondo durante su primer día de operaciones. Los agentes del ICE desplegados no cuentan con capacitación para realizar funciones críticas de seguridad, como la operación de rayos X, revisiones de equipaje o cacheos físicos; su labor se limita a tareas auxiliares de manejo de filas y vigilancia, lo que ha generado cuestionamientos sobre la eficacia real de la solución implementada.
La reacción política ha sido dividida. Autoridades locales como Andre Dickens, alcalde de Atlanta, han tenido que enfrentar las quejas de viajeros varados por horas. Mientras tanto, figuras como Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, y Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara, han calificado la medida de inaceptable y ajena a la misión original del ICE. Incluso dentro del Partido Republicano, la senadora Lisa Murkowski expresó críticas respecto a los riesgos que esta reasignación de fuerzas podría generar.
El gobierno federal mantiene que el despliegue es una ayuda necesaria para aliviar la carga operativa de la TSA mientras se desbloquea el financiamiento. Sin embargo, la tensión entre el anuncio oficial y la realidad en las terminales aéreas subraya la complejidad de sustituir personal especializado con fuerzas de otro perfil. La parálisis legislativa continúa sin un plazo estimado de resolución, manteniendo la incertidumbre sobre la duración de este operativo emergente en los cielos estadounidenses.