Por Luis Martínez Alcántara
El Estado de México se posicionó como la entidad con el mayor número de personas desaparecidas en el país. Según datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), hasta septiembre de 2019, se registraron 7,321 personas aún sin localizar, de las cuales 3,437 son mujeres y 3,884 hombres.
El municipio de Atlautla destaca por concentrar la mayor cantidad de casos, pasando de 2,063 a 1,956 personas desaparecidas entre 2023 y 2024. Otros municipios con altos índices incluyen Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl.
En cuanto a grupos de edad, el rango más afectado es el de 15 a 19 años, representando el 22% de los casos de mujeres desaparecidas. Además, se reporta que 45% de las personas desaparecidas y no localizadas tienen entre 15 y 34 años.
A nivel nacional, la crisis es alarmante. En 2024, se registró la cifra más alta de desapariciones en México, con más de 31,000 casos. Este aumento refleja una tendencia preocupante en la seguridad y protección de los ciudadanos.
Las autoridades estatales y federales enfrentan el desafío de implementar estrategias efectivas para prevenir nuevas desapariciones y localizar a las personas aún ausentes. La sociedad civil y organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo acciones concretas y resultados en la búsqueda de justicia y verdad para las familias afectadas.
A pesar de los esfuerzos institucionales, colectivos de búsqueda señalaron que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. Organizaciones como “Frida Guerrera” y “Hasta Encontrarte” denuncian la falta de recursos, personal especializado y coordinación entre fiscalías. Estas agrupaciones, integradas en su mayoría por madres, hermanas e hijas de personas desaparecidas, son quienes encabezan las búsquedas en campo, muchas veces sin el respaldo oficial necesario.
En respuesta a la presión social, el Estado de México anunció la creación de unidades especializadas y la asignación de mayores fondos para la atención de estos casos. Sin embargo, especialistas advierten que sin un registro confiable y sin políticas públicas de prevención, el fenómeno de las desapariciones continuará creciendo. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son clave para combatir esta grave crisis humanitaria.