Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La discusión del Plan B de la reforma electoral en el Senado de México se encuentra estancada debido a desacuerdos internos en la coalición gobernante, específicamente sobre la fecha para realizar la revocación de mandato y la definición del número de regidores en los ayuntamientos. Mientras que Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), atribuye la pausa a trabajos técnicos y una reunión con el Instituto Nacional Electoral (INE), líderes del Partido del Trabajo (PT) señalan que el conflicto central radica en la posibilidad de que la consulta se empate con las elecciones de 2027.
Óscar Cantón Zentina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, confirmó que la dictaminación de la iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido detenida temporalmente para integrar observaciones. La ruta legislativa original, que contemplaba llevar el tema al Pleno esta semana, ha sufrido modificaciones y ahora se estima que la discusión podría ocurrir entre el 6 y el 10 de abril, durante la Semana de Pascua, o bien en un periodo extraordinario antes del 30 de mayo.
Uno de los puntos críticos es la propuesta de establecer un rango de 7 a 15 regidores por municipio. Ignacio Mier Velazco explicó que esta redacción podría contravenir el principio de austeridad republicana, ya que la rigidez constitucional permitiría que municipios con menos integrantes actuales incrementen su número de funcionarios, lo cual requiere una precisión legal para evitar gastos innecesarios. Este obstáculo técnico ha sido reconocido por el coordinador morenista como uno de los principales frenos para avanzar en el dictamen.
En paralelo, Alberto Anaya, dirigente nacional del PT y coordinador de su bancada en el Senado, confirmó que su partido mantiene dudas sobre la fecha de la revocación de mandato. La reforma estipula que la consulta podría realizarse en junio del tercer o cuarto año de gobierno; sin embargo, los petistas se oponen a la opción del tercer año, pues coincidiría con el proceso electoral de 2027 donde se renueva la mitad de las gubernaturas, situación que consideran podría generar ventajas indebidas para un partido.
Existen versiones contradictorias sobre la postura del PT. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que en reuniones previas el partido aliado se mostró “100% a favor”, lo que contrasta con las declaraciones públicas actuales de duda y desacuerdo. Por su parte, Mier Velazco descartó que la pausa se deba a problemas políticos con el PT, insistiendo en que se trata de ajustes para garantizar la claridad jurídica del documento.
La situación refleja tensiones en la coordinación legislativa de la mayoría, donde incluso han surgido cambios de postura en horas. Óscar Cantón Zentina había adelantado inicialmente ajustes al proyecto, incluyendo precisiones sobre la participación de la presidenta en la promoción de la revocación y la paridad de género, pero posteriormente rectificó indicando que el dictamen se presentará idéntico al enviado por el Ejecutivo federal, sin incorporar dichas modificaciones anunciadas.
Con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos sin haber emitido aún el dictamen final, el calendario para la aprobación del Plan B queda supeditado a la resolución de estos conflictos internos. Se espera que durante los próximos días se intensifiquen las negociaciones entre Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para desbloquear el tema y definir si la reforma electoral será discutida en el Pleno senatorial la próxima semana o si sufrirá un nuevo retraso.