Por Redacción
San Bernardino, 27 de agosto de 2026.- Janet González, una estudiante de 16 años que cursa décimo grado en la secundaria Alliance Cindy and Bill Simon Technology High School, enfrenta la incertidumbre de que sus padres podrían ser detenidos por las autoridades migratorias. Ciudadana estadounidense residente en San Bernardino, la joven confesó: “A veces estoy en la escuela y no puedo concentrarme en mis tareas porque estoy pensando en mis padres y preguntándome si siguen en casa o si ya se los llevaron”.
Su padre, Marcos, es un trabajador de la construcción de 50 años que huyó de la violencia en El Salvador y lleva 25 años viviendo en Estados Unidos. Marcos obtuvo un permiso de trabajo y protección humanitaria frente a la deportación gracias al Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa creado por el Congreso en 1990. Sin embargo, él y otros 170.000 salvadoreños podrían perder su estatus protegido el próximo 9 de septiembre.
La Administración Trump, tanto en su primer como en su segundo mandato, ha intentado poner fin al programa TPS. El 25 de junio, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo dictaminó, por seis votos contra tres, que dicha administración puede poner fin al TPS para inmigrantes de Haití y Siria. Esta decisión podría afectar a 1,3 millones de personas, entre ellas Marcos.
Ante este escenario, en la escuela donde estudia Janet se ha colocado un tablón titulado ‘Conoce tus derechos’, el cual informa sobre cómo actuar ante los controles de inmigración federales. Lorena Reynoso, subdirectora del plantel, afirmó que “los alumnos se detienen a mirarlo”.
El impacto de la situación migratoria en la asistencia escolar ya se ha observado en otras regiones. El pasado noviembre, el distrito escolar de Los Ángeles informó que la asistencia cayó en unos 7.000 alumnos más de lo previsto, ya que muchos niños de familias inmigrantes dejaron de acudir a clase. También disminuyó la inscripción de recién llegados, y las cifras actuales muestran una reducción del 4%.