Por Luis Martínez Alcántara
Un juez federal concedió una suspensión provisional a Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, impidiendo temporalmente su detención. La medida responde a una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), que lo acusa de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Estas acusaciones están vinculadas a la adquisición de cuarteles para la Guardia Civil en varios municipios de Michoacán durante su administración.
La suspensión provisional fue otorgada por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, tras la admisión de una demanda de amparo presentada por la defensa de Aureoles. Para que esta medida surta efecto, el ex mandatario deberá pagar una garantía de 52 mil pesos en un plazo de cinco días. La suspensión impide que se ejecute la orden de arresto mientras se resuelve sobre la suspensión definitiva.
La FGR sostiene que Aureoles y cuatro de sus ex colaboradores causaron un daño patrimonial de más de 3 mil 400 millones de pesos al erario, al adquirir cuarteles a sobreprecio en municipios como Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. En marzo pasado, una jueza federal vinculó a proceso a los cuatro ex funcionarios, quienes enfrentan cargos similares y permanecen en prisión preventiva.
La defensa de Aureoles argumenta que las acusaciones tienen motivaciones políticas y que el ex gobernador no ha cometido delito alguno. Sin embargo, la FGR ha intensificado su búsqueda, y la Interpol emitió una ficha roja en su contra en marzo pasado. Aureoles ha sido considerado prófugo de la justicia, y las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.
La próxima audiencia para resolver si se concede la suspensión definitiva está programada para el 29 de abril. Mientras tanto, la situación legal de Silvano Aureoles permanece en un estado de incertidumbre, y el caso continúa siendo un tema de relevancia en el ámbito político y judicial de México.