Ciudad de Mexico, 27 de marzo de 2026.- Noelia Castillo Ramos falleció este jueves a los 25 años de edad en el Hospital Residencia Sant Camil, tras someterse al procedimiento de eutanasia que solicitó en 2024. El deceso se consumó después de que la joven superara la oposición legal interpuesta por su padre, Gerónimo Castillo, quien contó con el asesoramiento del colectivo Abogados Cristianos para intentar frenar la aplicación de la ley de muerte digna.
Para que se ejecutara la voluntad de Castillo, fue necesario que cinco instancias judiciales se pronunciaran a su favor, incluyendo el juzgado de primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Todas las instancias ratificaron su derecho a acceder a la prestación, descartando que careciera de capacidad mental para decidir, argumento central esgrimido por la defensa paterna durante el litigio que se extendió por aproximadamente un año y ocho meses desde que el caso trascendió públicamente en agosto de 2024.
La decisión de la joven estuvo motivada por un cuadro de sufrimiento físico y psicológico derivado de una paraplejia que padece desde 2022, consecuencia de un intento de suicidio al arrojarse desde un quinto piso. Según lo relatado por la propia Castillo en entrevistas previas, su historial incluía antecedentes de abusos sexuales, violencia y diagnósticos psiquiátricos que, sumados al dolor crónico y la inmovilidad, configuraban un padecimiento grave e incurable bajo los términos de la legislación española vigente desde 2021.
Horas antes del fallecimiento, familiares confirmaron que el padre de la joven estuvo presente en el centro sanitario, a pesar de haber mantenido una postura frontal en contra del proceso durante toda la tramitación judicial. La asociación Abogados Cristianos, que lideró la resistencia legal, confirmó a través de sus redes sociales la aplicación del procedimiento, marcando el final de un caso que ha sido considerado paradigmático en España por ser el primero en llegar a los tribunales superiores bajo la nueva normativa.
El caso ha generado un intenso debate público sobre los límites de la autonomía personal y el papel de los familiares en las decisiones de final de vida. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña había otorgado previamente el aval científico unánime para la prestación, validando que la situación de la paciente cumplía con los requisitos de sufrimiento intolerable establecidos por la ley, cerrando así una etapa judicial que prolongó la estancia de la joven en el sistema sociosanitario hasta la resolución definitiva.