Tijuana, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California informó la desarticulación de una célula delictiva denominada “Cártel Inmobiliario”, tras la detención de cuatro personas vinculadas a la toma violenta de al menos 50 viviendas en el fraccionamiento Laderas del Mar, Segunda Sección, en Playas de Tijuana.
Las autoridades judiciales impusieron la medida cautelar de prisión preventiva, tanto oficiosa como justificada, a Christian Pablo López Ortiz y Emmanuel Aurelio Valdez, quienes fueron imputados por los delitos de extorsión agravada, despojo y asociación delictuosa. La audiencia inicial se celebró la noche del jueves 26 de marzo, donde un juez de control determinó que las pruebas presentadas por la fiscalía eran suficientes para vincular a proceso a los detenidos.
De acuerdo con los registros de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Christian Pablo López Ortiz fue localizado y detenido el 26 de marzo a las 13:18 horas en la colonia Cumbres de Juárez. Por su parte, Emmanuel Aurelio Valdez fue capturado horas después. Ambos sujetos se acogieron a la duplicidad del plazo constitucional y su próxima audiencia quedó programada para el 31 de marzo a las 10:00 horas.
Posteriormente, la tarde del viernes 27 de marzo, alrededor de las 18:00 horas, elementos de la FGE ejecutaron órdenes de aprehensión contra Sandra Urbina Toro y Miguel Toro, identificados como presuntos cómplices en los hechos relacionados con Christian Pablo López Ortiz. La titular de la institución, Ma. Elena Andrade Ramírez, encabezó las operaciones estratégicas de inteligencia y campo que permitieron estas capturas.
La investigación establece que los hechos delictivos ocurrieron el miércoles 11 de febrero de 2026, cuando un grupo de seguridad identificado como “Centinela”, vinculado a Christian Pablo, presuntamente desalojó por la fuerza a los administradores del fraccionamiento mediante golpes y amenazas. Tras estos sucesos, Sandra Urbina Toro y Miguel Toro asumieron la administración del lugar, mientras el grupo de seguridad permaneció controlando el acceso a la privada.
Vecinos del fraccionamiento expresaron alivio tras las detenciones realizadas por la autoridad estatal y solicitaron que se proceda conforme a la ley. Como parte de la intervención, la fiscalía aseguró las 50 unidades habitacionales afectadas ubicadas en las calles Alta Mar y Baja Mar, con el objetivo de restituir el estado de derecho y recuperar los bienes para sus legítimos propietarios.