Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Fiscalía Capitalina separó de sus cargos a tres funcionarios debido a presuntas conductas de corrupción y omisiones en la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años hallada muerta el 17 de abril en un edificio de la alcaldía Benito Juárez. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó la medida y aseguró que “ya hay un detenido y que se están investigando todos los puntos”, enfatizando que “de ninguna manera va a quedar este caso impune”.
La fiscal Bertha Alcalde Luján admitió un retraso “injustificable” de 15 horas en la reacción de la institución, pese a contar con la última ubicación del celular de la víctima proporcionada por sus familiares. “Implicó una dilación de 15 horas desde que se contaba con ese dato específico, lo que no se justifica de ninguna manera y será sancionado”, declaró la funcionaria, quien calificó como “indignante” que la familia haya señalado con precisión el lugar sin que se actuara con la inmediatez requerida.
Según los hechos establecidos, los parientes reportaron a Edith Guadalupe como desaparecida el 15 de abril, después de perder contacto cuando se dirigía a una entrevista de trabajo. La familia acudió al Ministerio Público con la localización en tiempo real que ubicaba a la joven en el edificio de Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco. Sin embargo, el personal de la Fiscalía de Desaparecidos les pidió esperar 72 horas para abrir la carpeta de investigación, un requisito contrario a la ley, y además solicitó dinero para acelerar la búsqueda.
Los tres funcionarios removidos por estas “omisiones y conductas de corrupción” incluyen a un ministerio público que no proporcionó información sobre el domicilio, un policía de investigación señalado de solicitar dinero y un segundo agente del turno siguiente que no realizó la visita a la dirección indicada. Las autoridades llegaron finalmente al inmueble hasta las 20:30 horas del 16 de abril, pero no pudieron ingresar de inmediato al carecer de la autorización de la administradora del complejo. El cuerpo fue localizado hasta la madrugada del 17 de abril.
Respecto a las causas de la muerte, existen discrepancias en las valoraciones iniciales. Mientras la fiscal Alcalde Luján informó que la víctima fue asesinada con un desarmador encontrado en la caseta de vigilancia, presentando heridas en el tórax provocadas por dicha herramienta, otras valoraciones médicas preliminares indican que el cuerpo presentaba golpes muy fuertes como probable causa del deceso. Se realizará una necropsia para confirmar la hipótesis y determinar la hora aproximada de la muerte.
La investigación también se extiende a posibles actos de obstrucción de justicia por parte de la administradora y el vigilante del inmueble, quienes negaron inicialmente que Edith hubiera ingresado al lugar y se negaron a facilitar el acceso a las cámaras de seguridad. Ambos ya se encuentran declarando sobre el feminicidio. La fiscal advirtió que se indagará cualquier tipo de retraso en los actos de investigación y reiteró que solicitar dinero a las víctimas es una conducta inaceptable que será sancionada.
Clara Brugada expresó su rechazo a la actuación de los servidores públicos involucrados: “Yo sé que ya hay tres personas que fueron retiradas de sus cargos y que está una investigación al respecto. No podemos permitir que haya funcionarios que actúen de esta manera”. Las autoridades continúan investigando todos los puntos del caso para evitar la impunidad.