Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno de México presentó este viernes la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el que se reportó un total histórico de 394,645 personas registradas entre 1952 y 2026. De esta cifra, 132,534 mantienen el estatus de desaparecidas, mientras que 262,111 han sido localizadas, de las cuales 240,211 se encuentran con vida y 21,900 sin vida.
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), detalló el desglose de los 130,178 casos ocurridos después de 2006 que permanecen sin resolución. La funcionaria explicó que el 36 por ciento de estos expedientes, equivalente a 46,742 casos, carece de datos suficientes para su procesamiento. Otro 31 por ciento, sumando 40,308 registros, cuenta con información adecuada y ha mostrado actividad posterior, mientras que el restante 33 por ciento, con 43,128 casos, posee datos completos pero sin actividad reciente.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la complejidad operativa para buscar a las personas clasificadas en el grupo con datos insuficientes. Por su parte, Félix Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, abordó las obligaciones establecidas tras la reforma legal de 2025, la cual exige la apertura de carpetas de investigación desde el primer reporte de desaparición y la inclusión de datos mínimos en los registros.
Pese al marco normativo vigente, las cifras revelan una disparidad significativa entre el número de personas desaparecidas y la respuesta judicial: únicamente se han abierto 3,869 carpetas de investigación. Este dato fue señalado como punto de preocupación por Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, quien exigió transparencia en la metodología utilizada para la elaboración del informe y cuestionó la baja cifra de expedientes judiciales iniciados.
La presentación de estos datos ocurre en un contexto donde el gobierno federal ha enfatizado la necesidad de depurar y categorizar correctamente los registros históricos. Sin embargo, la brecha entre los más de 130 mil casos activos posteriores a 2006 y las menos de cuatro mil investigaciones formales plantea desafíos para la implementación efectiva de los protocolos establecidos en la reforma del año anterior.