Por Redacción
Boston, 21 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este viernes una demanda federal contra la Universidad de Harvard, acusando a la institución de violar los derechos civiles de estudiantes y profesores judíos e israelíes al no actuar eficazmente contra el antisemitismo en su campus. La acción judicial, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, busca obligar a la universidad a cumplir con la legislación federal y recuperar miles de millones de dólares en subvenciones otorgadas previamente.
La querella, interpuesta en un tribunal federal de Massachusetts, sostiene que Harvard permitió un “entorno hostil” durante las manifestaciones pro-palestinas y antiisraelíes ocurridas entre 2023 y 2025. Según el documento legal, la dirección de la universidad fue indiferente e incluso rehusó aplicar sus propias normas frente a protestas que derivaron en acoso severo, agresiones físicas y exclusión de instalaciones para miembros de la comunidad judía.
Entre los incidentes citados por el gobierno federal destaca la ocupación prolongada del campus por manifestantes, incluyendo un campamento antiisraelí con una duración de 20 días. El Departamento de Justicia (DOJ) afirma que algunos docentes colaboraron con los manifestantes y que los directivos “voltearon la mirada” ante la discriminación, enviando un mensaje de exclusión deliberada. Las autoridades enfatizan que Estados Unidos “no puede ni va a tolerar estos incumplimientos”.
Como consecuencia de la demanda, la administración Trump solicita que se declare a Harvard en “incumplimiento sustancial” de sus obligaciones contractuales. Esto permitiría al gobierno congelar las subvenciones vigentes y exigir el reembolso de los fondos ya entregados, cuyo monto asciende a miles de millones de dólares. Además, el Ejecutivo pide la designación de un supervisor independiente para monitorear el cumplimiento de la ley en la institución educativa.
Este litigio representa la tercera demanda de la administración Trump contra Harvard y marca una escalada en el conflicto iniciado hace un año, el cual incluyó amenazas previas de retirar fondos federales que fueron bloqueadas por un juez en febrero de 2025. La ofensiva legal se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno republicano contra universidades que, a su juicio, toleran movimientos ideológicos contrarios a sus políticas, siguiendo una acción similar presentada recientemente contra la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
Hasta el momento, las fuentes disponibles indican que la Universidad de Harvard no ha detallado su respuesta legal formal ante el tribunal más allá de un comunicado público, mientras las negociaciones entre ambas partes permanecen estancadas. El conflicto pone en riesgo el financiamiento de los costosos programas de investigación de la prestigiosa institución, que depende significativamente de los recursos federales.