Por Redacción
Mexicali, 19 de marzo de 2026.- El juez de control Gerardo Anguiano Ceja imputó formalmente al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, en relación con un fallido proyecto de una planta fotovoltaica que involucra 123 millones de pesos. La determinación se dio tras una audiencia que se extendió por más de 10 horas entre el 18 y 19 de marzo, estableciéndose que existen pruebas necesarias para formular la imputación.
La actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que la denuncia surgió debido a inconsistencias detectadas en los contratos y el desarrollo del proyecto, aclarando que no se trata de un tema personal. Por su parte, Bonilla Valdez mantiene su defensa argumentando que el estado nunca se comprometió a construir la planta, indicando que la empresa Next Energy era la encargada de la ejecución y que únicamente existía una garantía de depósito para cubrir la primera mensualidad.
El exmandatario calificó como una “narrativa errónea” la postura de la administración actual y de los medios de comunicación respecto al caso. Además, cuestionó la falta de citatorios a los diputados del Congreso de Baja California que aprobaron la iniciativa del proyecto, sugiriendo que la responsabilidad debería ser compartida con el legislativo que validó la propuesta en su momento.
Las autoridades judiciales han programado la audiencia de vinculación a proceso para el próximo lunes 23 de marzo a las 9:00 horas, la cual se llevará a cabo en el Centro de Justicia de Mexicali. En esta etapa se definirá si el exgobernador queda ligado a proceso penal por los delitos imputados relacionados con la gestión de los recursos públicos destinados a la energía solar.
El caso centra su investigación en la retención y posterior regreso de los 123 millones de pesos asociados al contrato fallido. Mientras la defensa de Bonilla busca desvincular al ejecutivo de la responsabilidad directa de la construcción, la fiscalía presenta elementos que apuntan a un ejercicio indebido de funciones durante su administración.
Este proceso judicial marca un punto crítico en la transición política de Baja California, poniendo bajo escrutinio las obras emblemáticas de la gestión anterior. La resolución del juez Anguiano Ceja da paso a la siguiente fase legal, donde se determinará la situación jurídica definitiva del exgobernador frente a las acusaciones de corrupción administrativa.