Ciudad De México, 01 de abril de 2026.- Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) confirmaron que investigan el uso de una camioneta sin placas por parte del diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, instruyó la indagatoria con la intención de aplicar las sanciones correspondientes.
El caso surgió tras la difusión de un video durante el partido amistoso entre la Selección de México y la Selección de Portugal, donde se captó a Blanco ingresando al Estadio Banorte en una camioneta de lujo modelo Cadillac. Aunque el ingreso al estacionamiento fue autorizado bajo los lineamientos del operativo para personas con derechos sobre los palcos, la irregularidad radica en que la unidad no estaba identificada para transitar por la vía pública.
Respecto a la responsabilidad, Pablo Vázquez Camacho aseguró: “El tema de la falta de placas de la camioneta es algo que vamos a sancionar con todo rigor… independientemente de quien se trate”. El funcionario explicó que este tipo de infracciones suelen requerir flagrancia para una aplicación inmediata de la multa, pero el caso se mantiene bajo investigación para determinar la emisión de la sanción tras un análisis previo.
Sobre el acceso al recinto, el secretario de Seguridad señaló que existía un protocolo restrictivo denominado ‘Última Milla’ para priorizar el acceso peatonal. “El protocolo de última milla comprendía el acceso vehicular a personas con palcos, es un tema que se analiza y era parte del operativo, así lo dieron a conocer las autoridades”, detalló Vázquez Camacho. El hecho ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de las leyes de tránsito por servidores públicos en eventos de gran magnitud.
Por otro lado, autoridades informaron sobre 50 procesos legales por irregularidades vinculadas al periodo de gobierno de Cuauhtémoc Blanco, derivados de auditorías recientes. José Blas Cuevas Díaz, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, indicó que se abatió un rezago de cuatro años lo que permitió detectar desvíos y omisiones. De estos casos, 10 derivaron en denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, mientras que 40 expedientes fueron enviados al Tribunal de Justicia Administrativa.