Ciudad de Mexico, 17 de junio de 2026.- El sistema de justicia en México cuenta con protocolos, instrumentos legales y apoyos institucionales destinados a asegurar que las personas en situación de vulnerabilidad puedan participar plenamente en los procesos judiciales, afirmó Mario Daniel Barragán Rodríguez, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).
Al abordar las causas de la disparidad en el país, el juzgador señaló: “La desigualdad en México tiene un origen claro: las barreras sociales”. Agregó que “ningún sector es vulnerable per se. La vulnerabilidad se genera cuando las estructuras y los contextos sociales imponen límites, obstáculos o barreras que obstruyen el ejercicio libre y efectivo de los derechos humanos”, por lo que esta condición depende del contexto en el que se desenvuelven las personas y no es una categoría fija.
Entre los grupos identificados como potencialmente vulnerables se encuentran mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, integrantes de comunidades indígenas y víctimas de delitos. Para determinar el nivel real de desigualdad en un caso concreto, la justicia penal utiliza la ‘interseccionalidad’, evaluando cuántas variables de vulnerabilidad se cruzan en una misma persona.
Barragán Rodríguez indicó que se ha abandonado el antiguo ‘estado de interdicción’ hacia un enfoque social, implementando figuras como facilitadores e intérpretes que expanden la capacidad de decisión de las personas. Subrayó que, de acuerdo con el artículo primero de la Constitución Mexicana, los juzgadores están estrictamente obligados a aplicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
En este sentido, precisó que si a lo largo de un proceso se detecta que no se respetó el contexto cultural o lingüístico de un imputado o víctima, el procedimiento debe reponerse para garantizar una defensa justa. Asimismo, mencionó que existen canales de orientación como la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México, la cual cuenta con áreas especializadas para canalizar, brindar orientación y apoyar frente a cualquier práctica de discriminación o escenario de desigualdad.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es Rafael Guerra Álvarez.