Por Redacción
Buenos Aires, Argentina, 17 de marzo de 2026.- La expresidenta y actual vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner declaró ser víctima de persecución política mientras enfrenta una condena de seis años por corrupción, en medio de una nueva investigación judicial que la involucra en la causa de los Cuadernos de la Corrupción. Paralelamente, el presidente Javier Milei es investigado por un presunto acuerdo de cinco millones de dólares por su apoyo a la criptomoneda $Libra, un proyecto que colapsó horas después de ser promocionado por el mandatario libertario, generando pérdidas a miles de inversores.
La situación judicial de Fernández de Kirchner se complejiza mientras la justicia avanza en la pericia sobre los cuadernos del exchofer Óscar Centeno, que documentaron un presunto sistema de coimas durante los gobiernos kirchneristas. La causa, conocida como “Cuadernos”, tiene actualmente 87 imputados. La expresidenta, quien ya fue condenada en la causa Vialidad, insiste en su inocencia y denuncia un intento de criminalizar a la oposición política.
Por otro lado, la investigación contra el presidente Milei se centra en un documento que, según reportes, detalla un acuerdo con el empresario Mark Hayden Davis y el abogado Mauricio Novelli para recibir cinco millones de dólares a cambio de promocionar la criptomoneda $Libra. La justicia argentina y estadounidense investigan la estafa masiva tras el colapso de la criptodivisa, la cual fue presentada por Milei como un proyecto privado para incentivar la economía.
El caso $Libra ha generado una fuerte controversia política, ya que el presidente había hecho de la lucha contra la corrupción y el “castrochavismo” uno de los pilares de su discurso. Sus detractores señalan una aparente contradicción entre su retórica y las acusaciones que ahora lo investigan. Hasta el momento, no hay pruebas concluyentes sobre la autoría y veracidad del acuerdo millonario, ni declaraciones oficiales del presidente sobre las acusaciones.
El contexto político argentino se ve así atravesado por dos frentes judiciales de alto impacto: uno que involucra a la principal figura opositora del peronismo y otro que alcanza al actual jefe de Estado. Estos procesos ocurren en un clima de alta polarización y desconfianza en las instituciones, donde las acusaciones de lawfare o persecución judicial son frecuentes desde distintos sectores.