Por Redacción
Ciudad de Mexico, 17 de marzo de 2026.- México y el Gran Ducado de Luxemburgo cerraron de manera amistosa un litigio internacional ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) por la detención del buque de bandera luxemburguesa Zheng He, tras más de dos años retenido en el puerto de Tampico, Tamaulipas, por incumplimientos aduanales y fiscales. El gobierno mexicano anunció que el proceso se resolvió dentro del marco jurídico nacional, con una recaudación para el fisco cercana a los 400 millones de pesos, y que el TIDM ordenó el cierre del caso.
El conflicto se originó en octubre de 2023, cuando autoridades mexicanas, entre ellas la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas, detuvieron al buque en el puerto de Tampico. Luxemburgo, como estado de abanderamiento de la embarcación, presentó una demanda contra México ante el TIDM el 4 de junio de 2024, alegando violaciones a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio de Administración Tributaria, mantuvo durante el proceso que la situación debía resolverse bajo las leyes mexicanas. Las dependencias señalaron que la retención del Zheng He se debió a irregularidades específicas en materia aduanal y fiscal, aunque no detallaron su naturaleza exacta.
Finalmente, tras una negociación diplomática y legal, las partes alcanzaron un acuerdo que permitió regularizar la situación legal del buque. Como resultado, el SAT logró una recaudación aproximada de 400 millones de pesos, monto que las autoridades calificaron como una contribución importante al fisco nacional. Con este acuerdo, Luxemburgo y México solicitaron conjuntamente al TIDM el cierre del litigio, orden que el tribunal internacional emitió formalmente.
El cierre de este caso evita un fallo contencioso del TIDM y representa una solución que combinó la aplicación de la jurisdicción nacional mexicana con una salida diplomática. El episodio subraya la tensión que puede surgir entre la potestad de un estado para aplicar sus leyes en sus puertos y los derechos de los estados de abanderamiento ante los tribunales internacionales, un equilibrio que en esta ocasión se resolvió mediante un acuerdo económico y la vía amistosa.