Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, planteó la necesidad de realizar un “decálogo de ajustes” a la reforma judicial aprobada en 2025, argumentando que requiere perfeccionamiento. En paralelo, un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reveló que el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) entre 2018 y 2026 sumó 242,378 millones de pesos, con un 39.3% destinado en 2026 al financiamiento de partidos políticos. Mientras tanto, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, defendió la autonomía del organismo frente a lo que calificó como controversias políticas.
La ministra Esquivel Mossa hizo un llamado a revisar y ajustar la reforma judicial que entró en vigor el año pasado, aunque no detalló los puntos específicos de su propuesta de decálogo. Su intervención se da en medio de un debate nacional sobre el funcionamiento y los costos de las instituciones del Estado.
Por otro lado, el estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas arrojó que, para el ejercicio fiscal de 2026, tres capítulos de gasto concentran el 98.2% del presupuesto total del INE. La partida más significativa, que representa el 39.3%, corresponde al financiamiento público para los partidos políticos, lo que reaviva la discusión sobre el uso de recursos en el sistema electoral mexicano.
En este contexto, el magistrado Gilberto Bátiz García, al frente del TEPJF, emitió un mensaje defendiendo la autonomía del tribunal electoral. Aseguró que el organismo se mantiene al margen de las controversias políticas, aunque no especificó a qué actores o partidos se refería. Bátiz García también destacó que el TEPJF promueve mecanismos alternativos de solución de controversias, aunque el análisis no proporciona ejemplos concretos de casos donde se hayan aplicado.
La coincidencia en la publicación de estas informaciones refleja una agenda de discusión nacional centrada en la evaluación del desempeño, la transparencia y el costo de instituciones clave como el Poder Judicial y los organismos electorales autónomos. La falta de una reacción oficial explícita de otros ministros de la Corte o del Poder Ejecutivo ante las propuestas de ajuste deja abierto el debate sobre el futuro rumbo de la reforma judicial y la posible revisión de los recursos destinados al sistema electoral.