Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició gestiones para asegurar el respaldo legislativo a su llamado ‘Plan B’ electoral, una iniciativa que ha generado desacuerdos internos en sus partidos aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Mientras la mandataria pidió al PT ponerse de acuerdo para apoyar la reforma, surgieron posturas contradictorias entre sus senadores y una resistencia abierta dentro de la bancada verde.
Manuel Velasco Coello, coordinador del PVEM en el Senado, reveló que 13 de los 14 senadores de su fracción apoyarían el plan, pues coinciden prácticamente con todos los puntos de la iniciativa. No obstante, anticipó que existe un acuerdo con la mayoría a excepción de Luis Armando Melgar Bravo, a quien buscaría convencer de votar a favor. Melgar Bravo mantuvo su postura crítica en publicaciones recientes, donde pidió ‘democracia con cancha pareja’ y se pronunció contra un ‘retroceso electoral’, argumentando que el Plan B no atiende retos clave como garantizar condiciones de equidad ni evitar distorsiones en la representación política.
En el caso del Partido del Trabajo, la situación es más fragmentada. Geovanna Bañuelos refrendó públicamente su apoyo a la propuesta de la presidenta, mientras que Benjamín Robles se declaró opuesto al Plan B. Por su parte, el senador Reginaldo Sandoval señaló que existe un riesgo de Estado estructural, advirtiendo que ‘el día que inicia su gobierno, ese día inicia la campaña para sacarlo en tres años’, lo cual, a su juicio, genera inestabilidad.
El debate central gira en torno a propuestas contenidas en la iniciativa, como la autopromoción del Ejecutivo Federal y el empate de las fechas de la revocación de mandato con las elecciones intermedias. Opositores dentro del PT argumentan que estas medidas podrían beneficiar desproporcionadamente a Morena en los comicios de mitad de sexenio y alterar el equilibrio democrático.
La presidenta Sheinbaum ha hecho un llamado directo a su aliado político para cerrar filas en torno a la reforma, aunque las declaraciones de sus legisladores evidencian que la negociación continúa. La falta de una posición unificada en ambas fuerzas podría complicar la aprobación de los cambios electorales que la administración federal busca implementar.