Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó para México el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas, con el objetivo de que la Asamblea General adopte medidas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito. La decisión se basa en lo que el organismo describió como una “imperante impunidad” y una “impunidad estructural” que provoca la reproducción de las desapariciones en el país.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó que para tomar esta determinación se consideró que las más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026 son “indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”. Además, señaló que a inicios de 2026 las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, un aumento considerable comparado con los 52 mil registrados durante la visita del Comité en 2021.
Según datos estatales citados por el CED en abril de 2022, sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos de desaparición habían sido judicializados, con apenas 36 sentencias a nivel nacional. En 2023, el Comité insistió en la deficiencia en la judicialización y persecución penal, así como en un uso limitado de investigaciones de campo y medios de prueba científicos. Durante su visita en 2021, el organismo recibió testimonios sobre desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, empresas de seguridad privada y grupos delictivos actuando ante la inacción de las autoridades.
El informe destaca casos paradigmáticos en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, además de señalar la prevalencia del problema en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México. Específicamente en Coahuila, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó “prácticas sistemáticas” de desapariciones forzadas entre 2006 y 2016. Se identificaron patrones de colusión donde fuerzas policiales secuestraron víctimas entre 2009 y 2012 para entregarlas al cártel de los Zetas, y entre 2012 y 2016, autoridades estatales ejecutaron desapariciones directamente a través de fuerzas especiales como GATE, GATEM, Fuerza Élite y GROM. También se destacó el uso, “en ocasiones”, de recursos públicos como vehículos e instalaciones oficiales para la comisión de estos delitos.
Ante estas acusaciones, el gobierno mexicano ha rechazado las conclusiones del informe. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el documento no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019. Por su parte, el canciller Roberto Velasco argumentó que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada. Como Estado Parte, México planteó que las desapariciones ocurrieron en periodos anteriores asociados a violencia criminal y aseguró que actualmente existen marcos legales, comisiones de búsqueda y programas de subsidio para mejorar la situación.
El CED recordó que los Estados son responsables de las desapariciones realizadas por servidores públicos o por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad. Como parte de su visita en 2021, el Comité había entregado 84 recomendaciones al gobierno mexicano, las cuales buscan addressed la crisis humanitaria reflejada en el aumento de restos sin identificar y la falta de justicia para las familias de las víctimas.