Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar con carácter urgente la situación de México ante la Asamblea General, tras activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El organismo solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita el caso para que se consideren medidas de apoyo en la prevención, investigación y erradicación del problema.
El CED concluyó que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Juan Albán-Alencastro, presidente del comité, subrayó que lo que define este tipo de crimen es el patrón de los ataques contra la población civil, independientemente de si son orquestados desde las altas esferas del gobierno. Como prueba de la gravedad, el comité citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos localizados, la mayoría sin identificar.
Ante esta resolución, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente el informe, calificándolo de tendencioso y sesgado. Las autoridades mexicanas argumentaron que el documento ignora las actualizaciones y análisis presentados por la administración actual, incluyendo información entregada el 27 de marzo. La SRE afirmó: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
El gobierno federal sostuvo que el marco del CED no corresponde a la realidad del país, ya que el procedimiento está diseñado para contextos donde las desapariciones son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado. Asimismo, las autoridades señalaron que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que se circunscribe a solo cuatro de los 32 estados de la República. Además, México aseguró que al menos uno de los integrantes del CED trabajó para organizaciones que han denunciado al Estado mexicano.
Pese al rechazo, el CED indicó que muchas desapariciones se producen en el contexto de la guerra contra las drogas y advirtió que en algunos casos las investigaciones apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos, o al menos su apoyo o aquiescencia. El comité lamentó que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial y que las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis.
Por su parte, Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano. “Es una muy mala señal”, dijo Corcuera, quien lamentó que no se esté aprovechando el momento para reconocer la gravedad del fenómeno. El experto aclaró que la responsabilidad internacional del Estado abarca todos los órdenes de gobierno y que la definición utilizada por el comité es un estándar consolidado en el derecho internacional.
El Gobierno de México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año. “México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”, señaló el ejecutivo, destacando reformas clave implementadas en julio de 2025 y herramientas como la Alerta Nacional de Búsqueda.