Por Redacción
Ciudad de Mexico, 31 de julio de 2026.- Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá su comisión, la verdadera calificación de candidatos no será en México, sino que al final dependerá de la justicia de Estados Unidos, existiendo el riesgo de su injerencia en el proceso electoral del año próximo.
Si bien existen controles internos desde hace tiempo realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República y otras instituciones, estos no han resultado efectivos. A la postre, la sociedad se entera de las malas mañas y nexos de diversos funcionarios.
De haber sido eficaces dichos mecanismos, no se tendría con licencia al gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a Enrique Inzunza Cázares alejado del Senado. Tampoco habría exservidores públicos huidos que realizan gran aportación de datos a satisfacción de Estados Unidos, ni estarían detenidos el presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, y otros alcaldes bajo proceso por sus ligas con la delincuencia en Jalisco, Morelos y otros estados.
Asimismo, no se conocerían los alcances del grupo criminal de La Barredora, formado por Hernán Bermúdez Requena desde la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco. En México poco importan denuncias como las endilgadas a Rubén Rocha Moya en las elecciones de 2021; el golpe vino casi cinco años después desde el tribunal federal del sur de Nueva York con la acusación “de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”.
La gran decisión está en Estados Unidos, donde hay muchos “cantantes”, destacando el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez y el extitular de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega. Surge la interrogante de qué pasaría si desde el norte hicieran nuevas acusaciones contra candidatos de cualquier partido durante la campaña, lo que podría anular las autorizaciones otorgadas por el INE a partir de los juicios de los consejeros Arturo Chávez, Uuc-kib Espadas y Norma de la Cruz, integrantes de la comisión recién instalada.
Ya existen aspirantes con dificultades, como los bajacalifornianos Julieta Ramírez, Montserrat Caballero e Ismael Burgueño, todo a partir de las visas. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum puso una muestra del derecho de las audiencias al decir ayer: “Quien no quiera ver la Mañanera que no la vea”, desmintiendo propósitos de censura y reivindicando la facultad de toda persona para decidir qué escuchar, ver y leer.
Bajo este enfoque, la decisión no le corresponde al gobierno calificar las notas periodísticas ni descalificar públicamente a periodistas y medios. Muchos verían bien tal perspectiva si este es el contexto bajo el cual la Comisión Reguladora analizará en consulta pública.