Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Organizaciones civiles mexicanas solicitaron formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vigile la crisis de desplazamiento forzado interno en el país, un fenómeno que ha afectado a aproximadamente 390,000 personas entre 2016 y 2024. La petición se da en un contexto donde la violencia del crimen organizado trasnacional, que va más allá del narcotráfico, y las fallas en la procuración de justicia, como la reciente absolución del único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, agravan la situación de miles de familias, principalmente en estados como Morelos y Guerrero.
De acuerdo con las cifras recabadas por las organizaciones, solo en 2024 se documentaron 28,900 personas desplazadas forzadamente, y la tendencia continuó en 2025 con 15,795 casos más. El desplazamiento se vincula principalmente con disputas territoriales y la presencia de grupos del crimen organizado, que ejercen control mediante la violencia y generan un clima de inseguridad que obliga a comunidades enteras a abandonar sus hogares.
Paralelamente, la lucha contra estos grupos se ve empañada por graves irregularidades en las investigaciones. Esta semana se dio a conocer la absolución de Javier “N”, único detenido por el asesinato del activista opositor al Proyecto Integral Morelos, Samir Flores Soberanes, ocurrido en febrero de 2019. La Fiscalía General de Morelos presentó pruebas consideradas insuficientes, y el caso se vio aún más debilitado por el asesinato de dos testigos clave y por contradicciones en las declaraciones de agentes ministeriales, según reportes de medios.
En otro frente de violaciones a derechos humanos, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, ocurrida en 2018 en Guerrero, y propuso un acuerdo amistoso. Sin embargo, la familia de la víctima exige un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las fuerzas armadas en el hecho, evidenciando la tensión entre las versiones oficiales y la búsqueda de justicia plena.
Expertos señalan que el crimen organizado trasnacional en México ha evolucionado, abarcando múltiples actividades ilícitas que a menudo involucran a entidades legales e incluso a actores estatales, lo que complica su combate. Esta complejidad, sumada a la impunidad en casos emblemáticos y a la respuesta estatal a veces insuficiente o contradictoria, crea un caldo de cultivo para que continúen tanto la violencia como el desplazamiento forzado de población.
La solicitud a la CIDH busca un escrutinio internacional que presione al gobierno mexicano a adoptar políticas públicas integrales para prevenir nuevos desplazamientos, atender a las víctimas con un enfoque de derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia, cerrando el ciclo de impunidad que alimenta la crisis.