Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- En medio del debate legislativo por la reforma electoral denominada ‘Plan B’, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, surgieron discrepancias entre los partidos aliados de Morena respecto a la posibilidad de empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027. Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, manifestó su oposición a vincular ambos procesos, argumentando que ello generaría inequidad política e inestabilidad, pudiendo derivar en periodos presidenciales reducidos a solo tres años.
Sandoval Flores reconoció la existencia de ‘puntos de vista diferentes’ con Morena sobre este aspecto específico de la iniciativa. El legislador petista subrayó que la propuesta actual podría otorgar una ventaja desproporcionada al partido en el poder si se permite la promoción del Ejecutivo durante el proceso de revocación simultáneo a los comicios. A pesar de estas reservas, Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT, afirmó que hasta el momento el respaldo de su bancada se mantiene firme a la enmienda, conforme a lo definido por la dirigencia nacional, aunque el tema continúa siendo analizado al interior del grupo parlamentario.
Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, expresó confianza en que el PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) honrarán un acuerdo firmado previamente para apoyar la reforma en su conjunto. No obstante, el morenista admitió que existen voces en desacuerdo dentro de la coalición gobernante, particularmente en torno a la revocación de mandato y la facultad de autopromoción del titular del Ejecutivo durante dicha consulta.
Manuel Velasco, coordinador del PVEM, ofreció una postura matizada sobre el asunto. El senador comentó que, si la presidenta le solicitara consejo personal, le diría que ‘no es necesario que se someta a la revocación de mandato’. Sin embargo, dejó claro que su partido votará a favor de la iniciativa legislativa, alineándose con la estrategia del bloque oficialista para aprobar los cambios constitucionales en materia electoral.
El debate también incluyó la perspectiva del Instituto Nacional Electoral (INE). Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del organismo, calificó como un ‘punto positivo’ la posibilidad de que la presidenta promueva activamente la consulta de revocación. El funcionario electoral consideró que el impedimento actual para que el Ejecutivo haga campaña en este proceso representa un ‘contrasentido democrático’, validando así uno de los puntos más controvertidos de la propuesta gubernamental.
La controversia central radica en la disposición que busca modificar el artículo 135 constitucional para permitir la concurrencia de la revocación con los comicios de mitad de sexenio. Los críticos dentro de la coalición temen que esta medida altere el equilibrio de fuerzas y comprometa la estabilidad institucional, mientras que el gobierno federal insiste en la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas.
Con la votación en el pleno del Senado prevista para la próxima semana, la coordinación entre los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM será determinante para la aprobación del ‘Plan B’. Las declaraciones de los líderes legislativos reflejan un esfuerzo por mantener la unidad de voto, a pesar de las diferencias sustanciales sobre los mecanismos de implementación de la revocación de mandato y sus implicaciones para el futuro inmediato del sistema político mexicano.