Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo para reactivar el subsidio fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en las gasolinas Magna, Premium y el diésel, con el objetivo de contener los precios ante la volatilidad internacional del petróleo derivada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su administración cuenta con estos mecanismos fiscales para amortiguar posibles alzas en los combustibles. La decisión se toma tras varios meses sin otorgar dicho beneficio, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente que han impulsado los costos de la energía a nivel global.
De acuerdo con los datos oficiales, el subsidio aplicado para la gasolina Magna es de 24.08%, lo que equivale a aproximadamente 1.61 pesos por litro. Para la gasolina Premium, la reducción fiscal se establece en 7.47%, representando un ahorro de cerca de 0.42 pesos por litro para los consumidores.
En el caso del diésel, combustible esencial para el transporte de carga y actividades industriales, el subsidio alcanza el 61.8%, lo que se traduce en una disminución de alrededor de 4.5 pesos por litro. Esta cifra representa el mayor porcentaje de apoyo dentro del paquete anunciado por la SHCP para la semana del 21 al 27 de marzo.
La reactivación de este instrumento económico responde directamente a la necesidad de estabilizar el mercado interno frente a las presiones externas. El acuerdo publicado este viernes en el DOF formaliza la estrategia del gobierno federal para evitar que el encarecimiento del crudo en los mercados internacionales se refleje inmediatamente en el costo final en las bombas mexicanas.
Con esta medida, el ejecutivo busca mantener la estabilidad en los precios de la energía mientras persiste la incertidumbre por el conflicto armado que involucra a potencias mundiales y naciones de la región de Medio Oriente, asegurando que el impacto económico no recaiga directamente en la población y los sectores productivos del país.