Por Redacción
Tijuana, 20 de marzo de 2026.- Este jueves se llevó a cabo la primera audiencia judicial contra el exboxeador y exsecretario municipal del Bienestar, Erik ‘Terrible’ Morales, acusado de presunto abuso sexual en contra de una mujer que fue su compañera subordinada en el Ayuntamiento de Tijuana. El acto, programado inicialmente para las 09:00 horas, sufrió retrasos y fue presidido por la jueza Griselda Rábago Lara, quien estableció restricciones para garantizar la privacidad de la víctima.
Durante el desarrollo de la audiencia, surgió una contradicción entre las posturas de las partes involucradas. La defensa legal de Morales, integrada por los abogados Alejandro Reyna, Jarem Madrigal Rodríguez y Elías Flores Gallegos, solicitó que se permitiera la presencia de medios de comunicación en la sala. El abogado Alejandro Reyna manifestó: “nosotros sí queremos que estén aquí y que escuchen todo lo que se va a exponer”.
Sin embargo, la jueza Griselda Rábago Lara determinó mantener el carácter privado del procedimiento. Al explicar su decisión, la magistrada señaló que “las restricciones son cuando se pudiera vulnerar la vida privada y siempre favoreciendo los derechos personales de la víctima, el resguardo de la identidad y la privacidad”. Esta medida contó con el respaldo de la posición de la víctima y su padre, Rubén Hernández.
El caso tiene como contexto los hechos ocurridos durante la administración del alcalde Ismael Burgueño, periodo en el cual la presunta víctima laboraba bajo la supervisión de Morales en el gobierno municipal. En la audiencia también participó como testigo de la defensa una mujer identificada solo como Elvira. La identidad completa de la acusada permanece protegida por decisión judicial.
Esta comparecencia marca el primer paso formal en el proceso penal después de tres intentos previos para llevar a cabo la audiencia. La investigación continúa su curso bajo las disposiciones de la jueza, quien priorizó la protección de los datos personales de la parte ofendida sobre la solicitud de transparencia pública exigida por el equipo legal del imputado.