Ciudad De México, 08 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe presentado por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), en el cual se sugiere que las desapariciones en México podrían constituir un crimen de lesa humanidad. La mandataria negó que la crisis de más de 130,000 personas desaparecidas según cifras oficiales pueda ser calificada bajo ese tipo penal, argumentando que requiere “ataques sistemáticos contra la población civil” por parte del Estado, situación que aseguró “ya no ocurre” en el país.
En declaraciones realizadas el 7 de abril de 2026, Sheinbaum criticó las “debilidades” y la “orientación” del documento, acusándolo de estar dirigido a “criticar” al Estado mexicano para llevar esa posición a la Asamblea General de la ONU. “No entendemos por qué esta extrapolación, por qué la extrapolación de crimen de lesa humanidad cuando el Gobierno está actuando”, cuestionó la presidenta, quien lamentó que el informe no reconozca los esfuerzos institucionales para erradicar el delito y encontrar a las víctimas junto con sus familias.
La jefa del Ejecutivo hizo una distinción entre las desapariciones forzadas generadas desde el Estado durante la llamada “guerra sucia” y las perpetradas actualmente por grupos del crimen organizado. “Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada ‘guerra sucia’ (…) Nosotros separamos en dos lo que presentamos aquí. Lo que ocurrió en aquellas épocas, eso ya no ocurre”, afirmó Sheinbaum. Agregó que “no pueden acusar un gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado de que está cometiendo el mismo delito o que equiparen la desaparición en México a ese delito”.
Por su parte, el informe del CED, presentado el pasado 2 de abril ante la Asamblea General de la ONU, sostiene que las desapariciones forzadas en México tienen un carácter generalizado o sistemático por parte del Estado. El documento, que registra 132 mil 887 desaparecidos al 6 de abril de 2026, recomienda elevar el caso ante la Asamblea General a través del secretario general António Guterres. Juan Pablo Albán, presidente del comité y abogado ecuatoriano reelecto para el cargo hasta 2029, defendió el proceso de análisis realizado.
Albán precisó que el examen del comité considera la evolución de la situación a la luz de las interacciones sostenidas con el Estado mexicano desde 2012. “El Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, más de 132 mil al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional”, declaró el experto. Además, rechazó que el órgano independiente e imparcial, integrado por 10 expertos, pueda ser sometido a presiones por parte de los Estados.
Ante la discrepancia, Sheinbaum señaló que la postura de su gobierno es resultado de un análisis técnico “párrafo por párrafo” del documento y anunció que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ofrecerá una conferencia de prensa para exponer dicha postura técnica. La SEGOB ya había calificado el informe de “tendencioso” desde su publicación la semana previa. Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Tlachinollan y el Centro Prodh, respaldaron la decisión del CED de solicitar la intervención de la Asamblea General.