Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La reforma electoral denominada ‘Plan B’ superó la primera barrera legislativa al ser aprobada en las comisiones unidas del Senado de la República con 24 votos a favor y 11 en contra, aunque su tránsito hacia el pleno enfrenta incertidumbre debido a la falta de consenso en la coalición gobernante y una disputa interna en el Instituto Nacional Electoral (INE).
Para que la modificación constitucional sea válida, el texto requiere 86 votos de los 128 senadores que integran la cámara, es decir, una mayoría calificada de dos terceras partes. Aunque el bloque de Morena cuenta con 67 legisladores, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 14 y el Partido del Trabajo (PT) con nueve, la votación en comisiones evidenció fracturas: los senadores del PT se ausentaron durante la sesión, reflejando su postura de no apoyar la reforma si no se modifica la fecha propuesta para la revocación de mandato, la cual consideran podría beneficiar electoralmente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, difundió un mensaje y una fotografía asegurando la unidad de la coalición entre Morena, PVEM y PT, sin embargo, la ausencia de los legisladores laboristas en la votación contradice dicha afirmación. Hasta la noche anterior, el líder del PT, Alberto Anaya, mantenía su condición de cambiar la fecha de la consulta popular como requisito para sumar los votos necesarios en el pleno programado para este miércoles.
En paralelo, el órgano electoral vive una divergencia institucional. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, envió un documento al Senado señalando las dificultades que presenta el ‘Plan B’. No obstante, siete de los 11 consejeros del instituto —Dania Ravel, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Rita Bell López, Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz— emitieron una carta para deslindarse de dicho escrito, asegurando que no fue consensuado y que no representa la postura oficial del organismo.
La reforma en discusión abarca diversos puntos, incluyendo límites al número de regidurías municipales, ajustes al presupuesto de los congresos estatales y cambios en los ingresos de funcionarios electorales. El punto más crítico sigue siendo la revocación de mandato, cuyo timing es el principal motivo de desacuerdo con el Partido del Trabajo. Mientras se define la estrategia para conseguir los votos faltantes en el pleno, la aprobación en comisiones marca un avance legislativo que aún está lejos de garantizar su promulgación definitiva.