Madrid, 31 de mayo de 2026.- Pedro Sánchez y su Gobierno intentan salir del nuevo agujero en el que le han metido dos nuevos escándalos: el caso Zapatero y el de los pagos a Leire Díez. El Ejecutivo intenta ganar tiempo y confía en que con la visita del Papa, el mundial y el verano podrá tener algo de respiro.
La situación jurídica de José Luis Rodríguez Zapatero centra la atención política tras haber sido imputado por la Audiencia Nacional por posible tráfico de influencias en relación con Venezuela. Los hechos se remontan a noviembre de 2024, cuando el expresidente se reunió con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores y le presentó el denominado ‘Plan Z’.
Dicha propuesta incluía una reforma constitucional para acortar el periodo presidencial de seis a cuatro años y crear la figura de un primer ministro. El plan también contemplaba una ley de amnistía y estaba destinado a apartar a Maduro del poder ejecutivo. Finalmente, Maduro fue sacado a la fuerza del palacio por un comando militar estadounidense que atacó Caracas; ante esto, el mandatario venezolano declaró: “Jamás”.
En el ámbito interno, Leire Díez, una exmilitante del PSOE, está en el foco por haberse dedicado a buscar información negativa sobre jueces, fiscales y policías que impulsaban algunos casos contra su partido. Respecto a la respuesta institucional, Sumar presionó para que Sánchez anunciara rápido una comparecencia en el Congreso, aunque esta será casi dentro de un mes.
La comparecencia está prevista para cuando Zapatero haya declarado como imputado ante la Audiencia Nacional. Los socios del Gobierno no quieren ser responsables de tumbarlo con una moción de censura que abra la puerta a un PP-Vox.