Ciudad de Mexico, 14 de abril de 2026.- La sanidad pública de México ha comprado fármacos a distribuidores irregulares por valor de 9,500 millones de pesos de 2021 hasta la fecha. De acuerdo con una revisión de los contratos asignados a las empresas que figuran en el Listado de Distribuidores Irregulares de Medicamentos, creado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en gran parte de los estados y en las grandes instituciones de salud se recibieron medicinas distribuidas por estas compañías.
En un millar de contratos con una veintena de estados y con las grandes instituciones de salud, empresas que luego fueron señaladas por no cumplir las legislaciones sanitarias y administrativas vendieron sus productos a hospitales públicos. Las empresas infringen la regulación sanitaria al operar sin autorización o sin cumplir los requisitos normativos. En total, 28 de los 162 distribuidores irregulares identificados lograron 1,360 contratos públicos con el sector salud.
De 2021 a 2025, diferentes distribuidores de medicamentos que luego fueron sancionados por prácticas ilegales colocaron medicinas y fármacos por al menos 9,500 millones de pesos, unos 450 millones de dólares, en el sector público de salud mexicano. Los cambios que desde 2018 han experimentado los sistemas de compra de medicamentos y que llevaron al desabastecimiento de medicinas facilitaron compras de emergencia que beneficiaron a este tipo de distribuidores.
La parte del león fue para la empresa Ethomedical, que recibió casi 8,000 millones de pesos en 2021 y 2022, y que está dentro del listado por contar “con irregularidades graves y se encuentra suspendido”. Esta empresa obtuvo la inmensa mayoría por adjudicación directa y para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ethomedical ha sido vinculada con Aldo Díaz Pérez, socio del yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien ha negado conocer a esta persona.
México se ubica entre los primeros seis países de venta y distribución de medicamentos falsificados y clandestinos a nivel mundial, según un documento interno de la Comisión. De acuerdo con las denuncias y alertas presentadas por las autoridades, este mercado se ha multiplicado por cinco desde 2018, en paralelo a los problemas de desabasto existentes en el sector salud.