Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo la revisión de un caso relacionado con un presunto huachicol fiscal, luego de que un tribunal federal en Veracruz anulada el proceso penal por la falta de cumplimento del requisito de procedibilidad. La decisión busca determinar qué autoridad, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Administración General de Aduanas (ANAM), debe representar el interés fiscal en este tipo de litigios.
De acuerdo con información publicada por el periódico La Jornada, este caso es considerado el más relevante de huachicol fiscal hecho público en el país. La anulación del proceso original se debió a la falta de intervención previa de la Dirección General Jurídica de Aduanas de la ANAM, así como a una citación incorrecta durante la audiencia inicial.
En el centro del litigio se encuentran Édgar Marín Meza Moreno e Irving Espinosa Betanzo, involucrados en un esquema donde se estimó un volumen de 21.5 millones de litros de diésel. La empresa Administración de Impulsora de Productos Sustentables figura en la investigación, aunque la ubicación específica de sus instalaciones no ha sido detallada en los registros públicos disponibles.
La atracción del caso por parte de la SCJN implica que el máximo tribunal analizará los aspectos constitucionales y legales sobre la procedibilidad de las acciones penales en materia de contrabando de combustible. Esto incluye la validación de los protocolos de intervención de las autoridades aduaneras antes de iniciar cualquier acción judicial.
Este precedente podría establecer criterios obligatorios para futuros procesos similares, definiendo las competencias exactas entre las distintas unidades de la administración tributaria mexicana. Hasta el momento, no se ha especificado el monto económico total del presunto contrabando ni la fecha exacta en que se llevará a cabo la nueva audiencia bajo la revisión de la Corte.
La decisión de la SCJN es esperada para clarificar el marco jurídico que regula la persecución de delitos contra el fisco federal en materia de hidrocarburos, un tema que ha generado múltiples controversias en los tribunales federales en los últimos años.