Ciudad De México, 10 de julio de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó, por mayoría de cinco votos contra tres, el amparo a la periodista Myrna Susana Gómez Vázquez, originaria de San Luis Potosí, quien fue amenazada por integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima. El tribunal consideró que la reportera impugnó un día fuera del plazo legal la reducción de sus medidas de protección.
La resolución declaró válido el inciso II del artículo 57 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual establece un plazo de 30 días naturales para impugnar los acuerdos de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección. El proyecto que sustentó la negativa del amparo fue elaborado por la ministra Loretta Ortiz, quien determinó que la impugnación de Gómez Vázquez llegó un día después del plazo establecido.
Los ministros Loretta Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa y Estela Ríos votaron por negar el amparo. El grupo mayoritario argumentó que el plazo de 30 días para impugnar resulta suficiente y prudente, y que, sin un límite temporal, las medidas podrían ser revocadas o modificadas de manera indefinida. Asimismo, señalaron que la reportera puede volver a solicitar protección.
En 2019, Gómez Vázquez sufrió amenazas, actos de intimidación, el allanamiento de su domicilio y un ataque armado atribuidos a integrantes del cártel, hechos que motivaron su incorporación al Mecanismo de Protección. En ese entonces, el Mecanismo le brindó apoyo para reubicarse junto con sus dos hijas menores de edad, además de alojamiento, alimentación, acceso a internet y un botón de asistencia. Sin embargo, en 2023, el organismo retiró la mayor parte de esas medidas y sólo mantuvo un número de emergencia, el botón de asistencia y el aviso a autoridades estatales, decisión que la periodista impugnó por considerarla insuficiente.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, votó en contra de la propuesta mayoritaria. Junto con los ministros Irving Espinosa Betanzo y Arístides Guerrero, sostuvo que el plazo debía aplicarse con flexibilidad. “No debemos de perder de vista la situación que viven los periodistas en el país. No hace mucho se dio cuenta cómo una periodista incluso grabó el momento en que fue detenida y la noticia es que fue asesinada. En este caso, estamos frente a una mujer periodista con dos hijas que tuvo que cambiarse de ciudad, e incluso tiene una enfermedad que de pronto le paraliza las piernas”, dijo Aguilar.
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz defendió su postura afirmando: “No hay nadie más defensora de los derechos humanos que su servidora, basta ver mis precedentes”.