Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional electoral, denominada “Plan B”, que ha desatado un intenso debate político. La propuesta, que busca modificar reglas de contienda de cara a las elecciones de 2027, es defendida por el gobierno como un avance democrático, pero la oposición y expertos la califican de autoritaria y advierten que facilitaría una campaña permanente del gobierno federal.
La reforma se discute en un contexto clave, pues en 2027 se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales y presidencias municipales. Sheinbaum, quien mantiene una popularidad cercana al 70%, sostiene que la iniciativa no implica el uso de tiempos oficiales para fines proselitistas. Sin embargo, críticos como el ex consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, han señalado que las modificaciones sí permitirían al gobierno hacer campaña bajo el argumento de informar sobre sus obras.
La oposición, encabezada por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC), ha cerrado filas en contra. Alejandro Moreno, líder del PRI, acusó a la iniciativa de buscar una “hegemonía” del partido gobernante Morena y de afectar la autonomía municipal. Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, de MC, la describió como un intento de “controlar” el proceso electoral desde el poder ejecutivo.
Entre los puntos más polémicos de la propuesta se encuentran una posible reducción en el número de partidos políticos con registro, cambios en las reglas para la revocación de mandato y ajustes en los mecanismos de fiscalización. La discusión también se enmarca en la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), donde temas de transparencia y estado de derecho son sensibles.
Los partidos aliados al gobierno, el PVEM y el PT, han mantenido una postura negociadora, aunque no han emitido una posición oficial detallada tras los primeros diálogos. Mientras el oficialismo argumenta que las reglas actuales son obsoletas y favorecen a una “partidocracia”, la oposición insiste en que se busca debilitar a los órganos autónomos y concentrar el poder.
El debate está programado para avanzar en las próximas semanas en el Senado, donde Morena y sus aliados cuentan con mayoría. Analistas prevén que, de aprobarse, la reforma marcaría un cambio profundo en el sistema electoral mexicano y podría definir el panorama político para la próxima década, en medio de advertencias sobre un posible deterioro de los contrapesos democráticos.